El Ministerio de Hacienda prácticamente tiene ultimadas las subidas de impuestos que permitirían equilibrar las cuentas del Estado del año que viene en función de las exigencias de Bruselas en torno al déficit público. En principio, el IRPF no se tocará. El IVA tampoco aunque, al final, si dichas cuentas no acaban de cuadrarse, se incrementarían los tipos mínimos de algunos productos y servicios: alimentos, transportes y hostelería, en línea con lo recomendado por la Comisión Europea en agosto pasado. En principio, Rajoy ha anunciado que eso no va a ocurrir. Pero la matemática será la que tenga la última palabra.

En el 60 aniversario de la Asociación para el Progreso de la Dirección, Rajoy dijo que “en esta legislatura nos hemos fijado como objetivo alcanzar los veinte millones de ocupados, porque todavía quedan muchas, muchísimas, personas en España que no pueden trabajar y que requieren, precisan y necesitan nuestra atención. Eso, además, nos va a permitir aumentar la recaudación sin tener que subir los impuestos más importantes”. La frase es reveladora de las intenciones del ejecutivo. No se quieren tocar los “impuestos más importantes”. Pero todos los demás van a sufrir modificaciones. El Gobierno es más partidario de pequeños incrementos repartidos en las figuras fiscales existentes en España y no concentrar una fuerte subida en uno sólo.

De todas maneras, el que se va a llevar la palma va a ser el de Sociedades. PP y Ciudadanos pactaron, en la investidura de Rajoy, “una reforma en profundidad de este impuesto”. De momento, las retenciones a cuenta han experimentado un fuerte crecimiento que se va a notar en la liquidez de las empresas. Pero, para que esas retenciones no haya que devolverlas a la hora de llevar a cabo la declaración del ejercicio, “se va a reformar en profundidad el impuesto, ejercer un mayor control, y recaudar más sin subir los tipos nominales”. ¿Cómo se puede hacer eso? Muy sencillo: eliminando deducciones.

El siguiente paso es elevar los impuestos indirectos y más concretamente los que gravan a los hidrocarburos. Esta decisión sí que va a afectar a los ciudadanos. Aunque el Gobierno cree que el impacto será menor si se mantienen los actuales precios del petróleo en origen. El impacto inflacionario de esta subida se tiene en cuenta. Pero las recomendaciones del Banco Central Europeo van en la línea de un crecimiento “sano” de los precios.

Otros impuestos que se verán afectados son los medioambientales. La recaudación de los mismos fue, en 2014, de 19.251 millones, un 1,9% menos respecto a 2013. Así pues, hay margen para una subida. La fiscalidad medioambiental se compone de impuestos sobre la energía, el transporte y la contaminación, y los recursos.

El Gobierno estudia instaurar la llamada “euroviñeta” que grava los transportes por carretera de grandes mercancías. Un impuesto implantado en casi toda Europa que, aquí en España, ni PSOE primero, ni PP se han atrevido, ni siquiera, a proponer. Pero ahora las cosas son diferentes aunque los transportistas ya han avisado del impacto negativo que tendría en su actividad. Y, claro está, en la actividad económica en forma de subida de las tarifas.

Las multinacionales, hasta ahora, han logrado frenar otro impuesto que lleva años instaurado en Europa. Se trata del que grava las bebidas azucaradas, las colas, refrescos de naranja y limón, bebidas carbonatadas y afines. La propia Organización Mundial de la Salud lo reclama pero los fabricantes lo consideran “ineficaz”. Paralelamente se subirán los impuestos que gravan las bebidas alcohólicas y, por supuesto, el tabaco.

Por último, se pretende recuperar los impuestos de sucesiones y donaciones y patrimonio. Aunque la gestión de estos impuestos es competencia de las comunidades autónomas, se trataría de armonizarlos en todos los territorios para llevar a cabo una recaudación más eficaz evitando “paraísos fiscales” en la materia como es el caso de Madrid donde el tipo impositivo es muy reducido.

Y luego está lo que se derive de las propuestas del Pacto de Toledo. La oposición es partidaria de separar las pensiones de viudedad y orfandad, que suponen del orden de 20.000 millones, y sufragarlas a través de un nuevo impuesto. ¿Cuál? Ahí surgen las diferencias.

Pero eso es hablar a medio plazo. De momento se va a experimentar con estas subidas para comprobar su impacto en los ingresos presupuestarios. Luego se irá corrigiendo sobre la marcha.

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