El ex presidente de la petrolera nacional de Venezuela, PDVSA, y ex ministro del Gobierno de Hugo Chávez, denunció en una entrevista en Noticiero Digital  que José Luis Rodríguez Zapatero había recibido contratos petroleros a través de la representación de empresarios españoles apellidados Cortina. En concreto afirmó que unos «españoles de apellido Cortina, que sí, han recibido un proyecto en la Faja, pues… De ahí viene su apego a la democracia y el diálogo».

Como ya indicamos en Diario16, lo afirmado por Ramírez en relación con los empresarios apellidados Cortina posiblemente sea cierto, porque, finalmente, sus empresas sí que consiguieron la explotación del sector Junín 10 de la Faja del Orinoco. Según un documento publicado por la periodista Maibort Petit, Ramón Blanco Balín ex vicepresidente ejecutivo de Repsol y condenado por la Gürtel, envió un correo al ministro venezolano Eulogio del Pino —detenido por corrupción en noviembre de 2.017 junto al ex presidente de PDVSA, Nelson Martínez— en el que le comunicaba «interés en formar una empresa mixta con PDVSA para la explotación del Campo Junín. La empresa Inversiones Petroleras Iberoamericanas S.A. es una empresa que forma parte del grupo de empresas del señor Alberto Cortina, quien es uno de los máximos accionistas del Grupo ACS, uno de los principales grupos industriales de Europa […] tenemos los fondos para reaccionar muy rápidamente a una oportunidad de inversión para una empresa mixta con el grupo Campo Junín Sur».

A esto hay que unir el hecho de la importante relación entre la empresa Inversiones Petroleras Iberoamericanas S.A. (IPISA) y uno de los principales contratistas de la República Bolivariana, Alejandro Betancourt, quien es la cabeza visible de la empresa Derwick Associates que está señalada en varias acciones por, presuntamente, haber formado un esquema de corrupción vinculado a la concesión de contratos en el sector eléctrico a través de supuestos sobornos.

Inversiones Petroleras, la empresa de Cortina y de Blanco Palín es sospechosa, precisamente, de haber obtenido el contrato de explotación del sector Junín 10 —el que denunciaba Rafael Ramírez que había sido intermediado por Zapatero— de manera irregular por la presunta violación de la normativa constitucional en la formación de la sociedad Petrosur, ya que había aspectos que señalaban la relación entre IPISA y Betancourt.

En un correo electrónico interno de PDVSA dirigido, entre otros, a se puede leer lo siguiente: «el socio de los Cortina en IPISA es el venezolano Alejandro Betancourt, dentro de la compañía que escribe la carta firmada por Ramón Blanco Balín». En ese correo iba la carta del ex vicepresidente de Repsol.

Las relaciones entre Derwick y Alberto Cortina Alcocer fueron descubiertas por el portal Upata Digital, ya que el segundo es socio de la compañía de Betancourt y/o del Grupo O’Hara en la petrolera que llegó a tener proyectos muy importantes en Colombia (Pacific Rubiales). A principios del año 2.015, con el apoyo de Cortina, se realizó la operación en el país colombiano a través de una empresa de aquél, Cinainvest Holding, y donde se declaró que disponía de más de medio millón de acciones de Pacific, hecho que permitió que Betancourt tomara el control de la petrolera con una participación del 20%.

Se trata de una estrategia por la cual Derwick supuestamente comparía el petróleo a través de empresas mixtas y fue este hecho lo que le dio acceso al contrato de la Faja del Orinoco denunciado por Ramírez.

Fue en noviembre de 2.017 cuando Venezuela anunció la concesión del contrato de explotación de Junín 10 a una empresa holandesa poco conocida: Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas que tendría una participación del 40%, mientras que PDVSA sería el socio mayoritario de una explotación con capacidad de producir doscientos mil barriles de petróleo diarios. A esta empresa mixta se la llamó Petrosur y fue aprobada por el Consejo de Ministros de Nicolás Maduro sin que hubiese un proceso de licitación, tal y como obliga la ley de la República Bolivariana, además de que es necesaria la aprobación por parte de la Asamblea Nacional.

La empresa Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas tiene un capital de tan sólo 147.000 euros y menos de 10 empleados. Fue registrada apenas seis meses antes de la concesión del contrato de Junín 10. Además, su actividad no es la petrolera sino la gestión de carteras de inversión, la adquisición, tenencia, disfrute y enajenación por cuenta propia de valores mobiliarios y participaciones sociales de entidades extranjeras. Así reza en el documento de constitución de esta empresa. Además, aunque en el registro de La Haya aparece como que es propiedad de una empresa sita en las Islas Vírgenes, detrás de ella se encontrarían Alfonso Cortina y Ramón Blanco Balín, según publicó el portal La Celosía, es decir, los dos principales hombres de Repsol en la época de José María Aznar.

Otro aspecto interesante es la fórmula legal con la que se inscribió Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas en el registro: un fideicomiso administrado, es decir, algo similar a las fundaciones que se gestionan desde Panamá. Además, Ramón Blanco Balín suscribió un acuerdo de estudio del Campo de Junín como consejero delegado de IPISA cuando había dimitido de ese cargo en 2.013 y un mes después fue nombrado apoderado. Todo muy enrevesado y muy raro sobre todo desde un punto de vista societario porque ¿cómo es posible que IPISA, española, se convierte en Stichting Administratiekantoor, que está domiciliada en Holanda?

Existen demasiadas irregularidades en el contrato adjudicado por Maduro a Cortina y a Blanco Balín como para no sospechar que pudiese haber habido una mediación, directa o indirecta, por parte de José Luis Rodríguez Zapatero. La propia IPISA desmintió la información de El Mundo de que no contrataron los servicios del ex presidente español. Sin embargo…, la denuncia de Ramírez y el modo en que se adjudicó el contrato de explotación de Junín 10 es muy sospechoso.

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