Al Gobierno socialista de Susana Díaz se le llena la boca de millones de euros cuando defiende a ultranza en todos los púlpitos la educación pública gratuita y de calidad, uno de los supuestos tres pilares del Estado de bienestar que la presidenta andaluza eleva a la categoría de mandato casi divino. Pero bajando a la tierra, a pie de calle, a las puertas de un colegio público cualquiera de la extensa Andalucía, la educación no solo gotea con techos desparramados por los suelos, o tirita de frío en invierno o suda de calor en verano. También sufre los rigores de una política tacaña con su profesorado, unos profesionales que redoblan esfuerzos tapando como buenamente puede las grietas de un sistema deficiente.
La consejera de Educación afirmó que los Presupuestos de 2018 destinarán 4.468 millones, un 5,26% más que en 2017, a cubrir el gasto de la plantilla pública docente
Un colegio público de educación infantil y primaria de la capital andaluza, el Joaquín Turina, ubicado en el acomodado barrio de El Porvenir, ha lanzado un “SOS” por la educación pública y anuncia el inicio de movilizaciones para que la Junta cubra sus alarmantes necesidades de profesorado, que han puesto al centro educativo actualmente en una situación de “desbordamiento” y colapso, como aseguran los madres y padres de alumnos del colegio a través de su Ampa. La Consejería de Educación, mientras tanto, asegura que “la normativa así lo establece”.
Esta “alarmante falta de medios materiales y humanos” que denuncian los profesores y madres y padres de alumnos de este centro tiene una sencilla ecuación con un resultado final que no cuadra, ya se mire el vaso medio lleno o medio vacío. Los aproximadamente 500 alumnos del centro con dos líneas educativas por curso sufren un déficit crónico de profesorado que ahora en estos días se ha traducido en alarmante por una concatenación de circunstancias que la Administración andaluza sigue determinando como “ajustados a la normativa vigente”.
Esta presunta normalidad legal es la siguiente: No existe ningún profesor de apoyo y refuerzo, el colegio cuenta sólo con una especialista de audición y lenguaje a media jornada compartida con otro centro, 13 docentes mayores de 55 años tienen una reducción horaria lectiva semanal de dos horas por profesor y, para colmo de males, otros seis docentes están ausentes por bajas y permisos de mayor o menor duración. “En la Delegación de Educación, ni al colegio ni al Ampa nos echan cuenta”, apuntan los representantes de los progenitores de los alumnos, cansados de intentar hacer oír sus reivindicaciones ante la Administración durante meses sin obtener respuesta alguna.
Con esta realidad alejada por completo de la educación pública ejemplar que propala el Ejecutivo andaluz, el centro ha decidido lanzar un “SOS en defensa de la educación pública” e iniciará desde este 2 de febrero movilizaciones a las puertas del colegio para que los responsables del departamento dirigido por la consejera Sonia Gaya tomen conciencia de un problema que la Administración no ve como tal. “Protestamos por una normativa injusta, meramente mercantilista, de la Junta de Andalucía”, apuntan en el Ampa del centro, que no entiende cómo la Junta no sólo no sustituye la primera baja de un profesor, sino que el resto sólo las cubre a partir de los 15 días del inicio de la baja.
Precisamente en el CEIP Joaquín Turina de Sevilla se ha producido la ‘tormenta perfecta’ y el cúmulo de bajas y condicionantes legales han provocado que las ratios de alumnos por profesor se hayan disparado alarmantemente, hasta causar el bloqueo del sistema educativo en este centro con la creación de una situación de estrés, fatiga del profesorado y descenso en la calidad y atención educativa.
Durante la presentación de los Presupuestos andaluces destinados a Educación, la titular de este departamento apuntó el pasado octubre que contará este 2018 con un total de 6.329 millones de euros, casi 226 millones más respecto al año anterior, lo que según la Junta supone un crecimiento del 3,7%. “La atención al profesorado y al personal de administración y servicios, la potenciación de la enseñanza de idiomas, la apuesta por la Formación Profesional, el refuerzo de los programas de educación compensatoria para garantizar la igualdad de oportunidades, el fomento de la innovación educativa, el apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales o las ayudas a las familias en el primer ciclo de Educación Infantil” fueron algunas de las prioridades de estas cuentas, anunciadas por la propia consejera Sonia Gaya en el Parlamento andaluz.
Más de 4.468 millones de euros, un 5,26% más que en 2017, se destinarán a cubrir el gasto de una plantilla pública docente que este curso 2017/18 se ha ampliado en 2.676 profesionales. Gaya anunció también que el próximo curso volverá a crecer con 2.700 docentes más, lo que significará un aumento en dos años del 5,6% y que por primera vez se supere la cifra de 100.000 profesores.
Este aluvión de datos oficiales más que alentadores contrasta con la realidad a pie de calle que vive estos días de invierno el CEIP Joaquín Turina de Sevilla, donde sólo el esfuerzo entre compañeros evita en lo posible una educación pública deficiente en medio de la caótica situación denunciada por profesores y progenitores de los alumnos. Eso sí, todo perfectamente legal, como subrayan en la Junta.
No es sólo el caso del CEIP Joaquín Turina. Sucede en casi todos los colegios andaluces desde hace años: no se cubren las bajas, plantillas mal organizadas y falta de respuestas por parte de la Administración Educativa. Y, profe, no se te ocurra coger una gripe: te lo descuentan del sueldo y no envían sustitutos.