Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega se daban un baño de multitudes independentistas en su paseo desde la Generalitat hasta el TSJC. Todo Junts pel Sí acompañaba a los imputados en el gran acto del gobierno catalán para defender el derecho de autodeterminación. La Fiscalía ve indicios de prevaricación en la consulta del 9N, los independentistas una subyugación de sus derechos democráticos. ¿El gobierno? Respetando la independencia judicial, en parte. El delegado del gobierno, Enric Millo, ha calificado a los manifestantes como desobedientes: “Las personas que hoy se manifiestan lo hacen como un acto de desobediencia”. Aplíquenles entonces la Ley Mordaza.

Toda la parafernalia exterior es parte de un teatro político que continuó Mas dentro de la sala. El ex-presidente catalán asumió toda la culpa de lo acontecido durante la celebración de la consulta, argumentando que la celebración era parte de un mandato democrático del parlamento catalán. Mas ha tenido sus más y sus menos con el tribunal al negarse a contestar las preguntas de la acusación y divagar con un discurso victimista. El presidente de la sala, Jesús María Barrientos, ha debido recordarle que “usted viene como acusado, no como presidente”.

Ha intentado Mas aparecer ante los ojos de sus fieles como un mártir de la política y la justicia española. Si la semana pasada la acción judicial por el caso del 3% era calificada como montaje político, en su comparecencia ante los tribunales la culpa ha sido del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía General del Estado y del propio gobierno del PP. “Si tan evidente era que yo era un delincuente, o que íbamos a cometer los delitos de los que ahora se nos acusan, yo me pregunto ¿cómo puede ser que el Tribunal Constitucional no hiciera nada para hacer cumplir su resolución? ni la Fiscalía actuase” ha afirmado durante el juicio.

 

Defensa desde la legalidad

La defensa del ex-presidente catalán y de sus dos consejeras se ha fijado en el respeto a la ley vigente en el momento de la consulta. Por activa y por pasiva, los acusados han defendido que ni hubo presiones a los funcionarios, ni se trató de una consulta vinculante. Punto éste clave para el posible devenir del proceso judicial. Tras la resolución del Tribunal Constitucional, los independentistas catalanes cambiaron el formato, según ha explicado Mas, para adecuarlo a la situación nueva. “La idea era la misma, conocer la opinión de los ciudadanos […] eso es legal y tenemos competencias para ello, y las ejercimos” ha expresado con rotundidad.

Desde el gobierno se ha insistido en la defensa de la legalidad y que todos los ciudadanos deben atenerse a las leyes, como ha recordado Íñigo Méndez de Vigo en una entrevista en Onda Cero. La mandatada de Rajoy para asuntos catalanes, Soraya Sáenz de Santamaría, ha seguido el mismo patrón al afirmar que “el respeto a la ley es la primera obligación de los gobernantes”. Justo lo que ha defendido Mas. ¿Tienen la capacidad de convocar consultas no vinculantes las Comunidades Autónomas? Sí. Incluso los ayuntamientos las tenían hasta la modificación de la ley de organización local. Algo que Odón Elorza desea revertir con una Propuesta No de Ley, pero que el PP impulsó para evitar una independencia por vía de los municipios.

 

Reacciones diversas de los partidos

Mariano Rajoy tan sólo se ha referido al asunto, durante un Foro del diario ABC, ofreciendo su mano al diálogo, advirtiendo, eso sí, que “la ley se cumple”. Escuchando a Artur Mas, lo que es cierto es que el propio presidente del Gobierno dio poca importancia a la consulta. Así lo ha expresado Mas durante el juicio: “El presidente del Gobierno dijo que el 9N no era ni un referéndum ni una consulta”. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dejado varias perlas en declaraciones a COPE: “Movilizar a los ciudadanos para que te acompañen al tribunal tiene un fin espurio”. Y “i han organizado este numerito es porque quieren transmitir a la ciudadanía que se trata de un juicio político. Pero no lo es. Simplemente van a declarar con todas las garantías porque han incumplido una norma”. Presuntamente Señor Ministro, presuntamente.

Desde el PSC, ya que la Gestora del PSOE bastante tiene con lo suyo, han calificado de despropósito el juicio. Nuria Parlón ha comentado que “a pesar de los errores del proceso, que juzguen al ex-presidente por urnas de cartón en una consulta que no ha tenido ninguna consecuencia es un despropósito”.

Desde Podemos, su secretario general, Pablo Iglesias ha criticado que se abra un juicio por “poner las urnas” mientras hay impunidad por los casos de corrupción. Eso sí, ha preferido atacar al ministro de Justicia afirmando que “en democracia, que haya manifestaciones y pancartas y que se canten himnos es normal, y es en las dictaduras donde está prohibido manifestarse, sacar banderas y cantar determinadas canciones”.

Albert Rivera no ha querido entrar en la “épica barata del independentismo” y ha calificado como “cortina de humo” para ocultar el problema del 3% los actos de hoy. Inés Arrimadas ha seguido, cómo no, las directrices del dirigente máximo de su formación acusando a Junts pel Sí de intentar tapar la corrupción del PDeCAT. Incluso ha ido más allá al afirmar que “no se juzga a nadie por sus ideas, sino por saltarse las leyes democráticas”.

Queda para el recuerdo la frase de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmando que “Sin ley no hay democracia porque la democracia es la ley”.

¿Quieres recibir las novedades de Diario16?

1 Comentario

  1. De lo que se deduce, que para la Sra Saez de Santamaria, la democracia y la dictadura es lo mismo, en ambas hay leyes. Salvo en Venezuela, claro

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × uno =