El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, busca avales bancarios y trata de usar la póliza de la Generalitat, aunque aportará su vivienda como garantía “si no hay más remedio”. Mas ha recibido, entre tanto, una nueva aportación económica (400.000 euros aproximadamente) de la Asamblea Nacional Catalana.

El pasado verano la consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante inició los trámites para exigir responsabilidad contable derivada de los gastos con dinero público que ocasionó la consulta del 9-N a Mas, a la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega; al exportavoz del Gobierno catalán Francesc Homs, y a la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau.

Mariscal de Gante fue quien propuso a la comisión de gobierno del tribunal, el nombramiento de un instructor que debería dilucidar en qué partida se produjeron las anomalías y qué parte de estas cantidades era susceptible de ser devuelta al erario público.

El primer análisis apuntaba a que en efecto se gastaron fondos públicos fraudulentamente.

El Tribunal de Cuentas citó el 25 de septiembre  al expresidente de la Generalitat, Artur Mas y a otros cargos de su Gobierno y les exigió que presentaran gastos ocasionados al erario público por la consulta del 9 de noviembre de 2014, 5,2 millones de euros. El organismo les exigió el pago de su bolsillo de los gastos causados por organizar la consulta, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional y, con el apercibimiento de que en caso de no aportar esa fianza, se les podría embargar bienes hasta cubrir el dinero reclamado por el organismo fiscalizador del Estado.

La fianza, aunque solidaria, afecta a Mas, pero también a los consejeros y altos cargos involucrados. El pasado mes de octubre, Artur Mas depositó  2,2 millones de euros para cubrir parte de la fianza de que le reclama el Tribunal de Cuentas, el dinero procedía de la caja de solidaridad organizada por Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC); además, solicitó al organismo una ampliación del plazo fijado para abonar el resto de la fianza, ampliación que le fue concedida otorgándole 15 días más para efectuar el pago.

Hoy jueves vence el aplazamiento y Mas debería entregar el resto de la cantidad, hasta los 5,2 millones que el Tribunal de Cuentas valoró, o el citado Tribunal podría proceder al embargo de sus bienes.

De todas formas, el exvicepresidente anunció ayer que ya tiene tasadas sus casas para aportarlas como garantía “si no hay más remedio”.

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