El Centro Panafricano de España es, sin duda, una referencia en la lucha política negra mundial. Y Madrid es su capital.

Ayer, 28 de diciembre, un grupo importante de afro-españoles se manifestó ante la Embajada de Argelia en Madrid para denunciar la ola de racismo que recorre el país.

Estos son los hechos.

 

Raid en Argel

Más de un millar de subsaharianos fueron detenidos en Argel el pasado 1 de diciembre y transportados a la fuerza durante los días posteriores a Tamanrasset, la última gran ciudad del sur del país, a 2.000 kilómetros de la capital. Días más tarde, muchos de ellos eran deportados a Agadez, en el segmento del Sáhara perteneciente a Níger.

Según publicó la Liga Argelina de los Derechos Humanos el pasado día 2, en veinticuatro horas, 1.400 personas negras fueron detenidas en diferentes distritos de Argel, y forzadas, a veces violentamente, a subir a autobuses y camiones que ya estaban preparados para la operación. Otras fuentes cifran en más de 2.000 los deportados.

Los inmigrantes africanos fueron detenidos en sus casas, sus lugares de trabajo o en el camino de regreso a su casa. Los que lograron escapar de las redadas, alrededor de un centenar, viven ahora en la clandestinidad y el miedo en la capital argelina.

Las autoridades de Argelia sólo dieron explicaciones a través del presidente de la Media Luna Roja, Saida Benhabyles, quien minimizó la expulsión tildándola de “retorno voluntario“. En una entrevista en el diario oficial El Muyahid argumentó: “Dados los recientes altercados en la capital y los problemas de seguridad generados, el gobierno ha decidido transferir [los inmigrantes] al Sur, donde las condiciones de recepción son mejores que en Argel”.

Unos abandonados en Tamanrasset, otros deportados a Agadez

En Tamanrasset, aún en territorio argelino, en el corazón del desierto, los deportados hicieron un alto el 3 de diciembre y fueron encerrados en un campamento de casitas prefabricadas de las que se les prohibía salir y que encontraron sin duchas y sin agua. Tuvieron que dirigirse a los miembros de la Media Luna Roja que les acompañaban los cuales repartieron unas pocas botellas de agua. Cuando pidieron más se les dijo que debían pagarlas.

Poco después, unos centenares de los detenidos fueron puestos en libertad en Tamanrasset, mientras que cerca de un millar de ellos siguieron su ruta en los camiones y autobuses hacia la frontera con Níger. Los “liberados” podían optar por seguir hasta Agadez, aunque estuvieran en situación legal en el país.

La Organización Internacional de las Migraciones (OIM), que gestiona el campo de refugiados en Agadez, confirmó la llegada de este millar de subsaharianos el pasado 5 de diciembre sin que la agencia fuera informada ni por el gobierno de Argelia ni por el de Níger. Según informó la organización, la mayoría de los deportados eran de Guinea Conakry, Malí y Níger, aunque los hay de casi todas las nacionalidades africanas.

Los que se quedaron merodeando por Tamanrasset, no sabían dónde pasar la noche. Los diabéticos no estaban al corriente de dónde encontrar insulina en esta ciudad del desierto. La mayoría acabaron acercándose a la mezquita en busca de ayuda.

Otros muchos han estado desde entonces intentando volver a Argel, donde están sus hogares. La mayoría son de Malí en situación legal. Un acuerdo firmado entre Bamako y Argel permite a los nacionales de Malí viajar a Argelia sin visado por un período de tres meses.

A pesar de mostrar sus papeles de trabajo, sus pasaportes válidos y los sellos de entrada al país inferiores a 90 días, las compañías de autobuses siguen negándose a vender billetes de transporte, a pesar de lo previsto en la instrucción formal para que los migrantes legales tengan fácil acceso al norte. Varios centenares de subsaharianos en situación legal se encuentran aún sin poder regresar a Argel y han de quedarse merodeando por la ciudad del desierto.

Fuentes no oficiales informaron que más de 260 malienses fueron deportados a Tamanrasset llegaron a Bamako por la fuerza. Todos coincidieron en acusar a las fuerzas de seguridad argelinas de violencia y lesiones. Algunos hablaron de muertes, algo que hasta ahora no se ha confirmado por fuente oficial alguna, ni argelina ni maliense.

 

“A la caza del hombre negro”

Si la Liga Argelina de los Derechos Humanos denunció en su comunicado las detenciones de primero de diciembre en Argel como un “raid”, el Sindicato Independiente de Administración de Personal (SNAPAP) habló abiertamente de la “caza del hombre negro“.

El 30 de septiembre pasado, Amnistía Internacional había dado ya la voz de alarma sobre la situación de los migrantes subsaharianos en Argelia. Serían casi 150.000, de acuerdo con la gendarmería de Argelia. Vienen principalmente de Nigeria, Níger, Liberia, Camerún, Malí y Guinea Conakry.

En 2012 Argelia había detenido las expulsiones de inmigrantes irregulares. Sólo los nacionales de Níger eran detenidos y enviados de regreso a su país, tras un acuerdo firmado entre Argel y Niamey en 2014. Unas 19.000 personas de Níger han sido expulsadas del país, según cifras oficiales. El resto de nacionalidades era tolerado.

En Argel y alrededores, principalmente en Zéralda, ciudad al oeste de la capital, los migrantes y ciudadanos de origen subsahariano se agrupan en campos vigilados por la policía. Otros viven en pequeños cuartos durmiendo alineados en el suelo uno al lado del otro, envueltos en mantas distribuidas por la Media Luna Roja. Pocos son los afortunados que logran alquilar garajes y sótanos sin ventanas.

En Zéralda se encuentra curiosamente la residencia oficial del presidente argelino.

El origen del conflicto se halla en el estallido de violencia que sucedió, unos días antes, tras los incidentes con residentes e inmigrantes que vivían en un edificio en construcción en la ciudad en el barrio Dely Ibrahim. Las autoridades les prometieron un alojamiento alternativo, pero se encontraron con la redada y posterior deportación.

Muchos han dejado muebles, enseres y pertenencias en lo que era su residencia en Argel. Algunos de los deportados llevaban cuarenta años trabajando en Argelia. Paradójicamente, muchos han sido desde hace tiempo trabajadores de ALDA, la empresa gubernamental que gestiona la construcción de vivienda social.

Los subsaharianos han representado una mano de obra barata en el desarrollo de la capital. Sin residencia legal, pero tolerada y explotada. A veces, para mantener las formas, se les detenía en algún control, eran condenados a dos meses de prisión por residencia ilegal, pero no se les expulsaba.

Pocos días después de la expulsión masiva de negro-africanos de Argel, la capital acogió el Foro Africano de Inversión con el pomposo enunciado “Argelia, la ambición de África“. Muchos embajadores pidieron a sus homólogos en Argelia información sobre las expulsiones masivas de subsaharianos. Regresaron a sus países sin ninguna explicación por parte de las autoridades argelinas.

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