Cuando en la mañana del 14 de octubre pasado, tras asistir a un desayuno con Rodríguez Zapatero convocado por Europa Press en Andalucía, comenté con el consejero de Justicia, Emilio de Llera, el asunto Arellano me quedé algo perplejo.
A esas alturas del calendario político, con los tambores de la campaña de diciembre sonando, el reportero había logrado reunir indicios informativos suficientes que, unidos, aventuraban que la investigación abierta por la Fiscalía del TSJA contra el que fuera vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla tenía toda la pinta de que iba a tener recorrido en el ámbito penal…y político.
Comenté el asunto con De Llera en presencia de un alcalde socialista y el consejero restó importancia al hecho de que sus excompañeros fiscales de Granada hubiesen abierto diligencias contra su actual compañero de consejo de Gobierno.
Efectivamente tenía razón en su argumento, nada se sabía de lo que pudiese aparecer en un asunto aparentemente administrativo y, en todo caso, me dijo, lo importante no es lo que diga un fiscal, sino lo que dictamine en su momento el Juez.
todo estaba bajo control
Como tesis de defensa temporal no estaba mal, pero su afirmación final en el sentido de que todo estaba bajo control, me invitó a pensar que la supuesta influencia del ex fiscal entre sus antiguos compañeros, se podría acabar revelando como una leyenda urbana, una más, para explicar lo que a veces resulta inexplicable.
Pasaron los meses y del asunto Arellano prácticamente no se volvió a hablar. Tanto silencio durante tanto tiempo invitaba a pensar que, efectivamente, De Llera tenía razón, que “todo está bajo control”. O bien que los hechos investigados por la Unidad Adscrita a Fiscalía no había arrojado materia penal que juzgar. Si esto último fuese cierto, cabe de inmediato preguntarse si estamos ante un torpe movimiento del habitualmente exquisito García Calderón, siempre en el ojo del huracán en función del color político investigado por sus fiscales.
El 31 de marzo pasado, hace algo más de un mes, se despejaron todas las dudas. La larga espera de noticias sobre Ramírez de Arellano tenía una explicación. La Fiscalia del TSJA, en ese tiempo, había armado una denuncia que ese día anunció que elevaba a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, proponiendo la investigación (imputación) del actual consejero por adjudicaciones posiblemente irregulares en su etapa de vicerrector de la Universidad de Sevilla.
el gobierno de susana díaz comprobó que la cosa iba en serio
Por vez primera en este asunto, el gobierno de Susana Díaz, comprobó que la cosa iba en serio. Todo eso se conocía en medio de la fenomenal tormenta perfecta que asola al PP por Madrid y Levante. El PSOE Arropó a Ramírez de Arellano y quisieron dejarlo todo en posibles irregularidades en el contexto del Derecho Administrativo. El consejero pidió respeto y, desde luego, su presunción de inocencia.
Delitos políticamente correctos
Establecer delitos de primera y de segunda es una especie de moda implantada por la clase política de un tiempo a esta parte con tal de salvar a quienes se ven envueltos en procedimientos judiciales. Para que se entienda, un delito digno de castigo político y ser apartado, podría ser el robar directamente de la caja pública para su bolsillo. Sin embargo, que un alcalde firme un pelotazo para un amigo, con el que luego quizás reparta beneficios, es considerado como un pecado venial por los dirigentes políticos. En ambos casos, el Código Penal, afortunadamente no hace distingos. Estamos, por tanto, ante un nueva figura, la del ‘delito políticamente correcto’.
Susana Díaz, que inauguró hace año y medio este tipo de defensa con el alcalde de Albox – una pelea de pueblo por cuatro papeles, lo definió– hoy inhabilitado y fuera del PSOE, vuelve a insistir. No cesará a Arellano porque es un tema administrativo, una pelea, definió esta vez, entre arquitectos y la Universidad de Sevilla, “y eso se contesta por sí mismo” manifestó la Sra Presidenta.
una pelea entre arquitectos y la universidad de sevilla
También se dijo esta vez, tras la noticia de la denuncia de Fiscalía ante el TSJA que, efectivamente, era la posición de una parte, la Fiscalía, y que lo importante era lo que dijese en su momento el juez instructor.
Para los que defendían esta versión de manual político al uso, no tenía ninguna importancia la estadística que apunta a que casi todas las denuncias de Fiscalía en Granada ante el TSJA acaban tramitándose. Un mes después, este miércoles 4 de mayo, se ha conocido lo que piensa la sala de lo Civil y Penal del TSJA . De momento ha citado a declarar en calidad de investigado al consejero de Economía y Conocimiento. Fiscalía le acusa concretamente de “delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público”.
La Sala le cita porque las informaciones aportadas por la Policía Judicial «conducen a apreciar la posible existencia de irregularidades en los procesos de contratación por la Universidad de Sevilla del proyecto básico, el estudio preliminar de instalaciones, el proyecto de ejecución y la dirección de obra» del edificio universitario Centrius «que pudieran haber perseguido una elección no concurrencial de un determinado estudio de arquitectura en detrimento de otros”.
Cs: “sin que declare, es complicado que se le impute algo”
De pronto, todas las miradas, se han puesto sobre Ciudadanos a quienes se pregunta si mantienen su compromiso de pedir el cese de Arellano una vez investigado (políticamente imputado) por el TSJA. Su responsable de comunicación escribía en twiter a pregunta de la periodista Isabel Morillo de El Confidencial: “sin que declare una persona es complicado que se le impute algo…”
No le falta razón. Hasta el próximo día 10 de mayo, tras la declaración de Arellano, no se sabrá formalmente qué delitos concretos se le imputan y, por tanto, si se le mantiene encausado o queda archivado el asunto. No conviene olvidad que Ciudadanos también hace esos distingos entre los delitos cuando afecta a uno de los suyos. Los hay por corrupción (graves), administrativos (leves), sociales (Andrés Bódalo) y los particulares que no interesan porque son vida privada, como sucedió con Miguel Cazorla en Almería.
De momento queda sobre la mesa una interesante polémica que debiera convertirse en debate político, ahora que estamos los andaluces nuevamente en nuestra quinta campaña en pocos años. Y es que nuestra clase política, la vieja y la nueva, nos explique muy bien qué delitos permite su ética política y cuáles no. Y, de paso, si van a ser coherentes y van a legislar para despenalizar los delitos que ahora consideran de fácil perdón.
