Cuando el juez decano de Puertollano, Luis Sánchez de Tejada, denunció a su ex mujer, Esther Sara Vila, entonces titular del juzgado mercantil nº 1 de Badajoz que llevaba importantes concursos de acreedores, dijo que destaparía una trama de corrupción en la cual se estaba favoreciendo a diversos administradores concursales que tenían relación con la jueza. Incluso en este asunto estaba implicada su pareja, Juan Díaz Ambrona Cancho. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura decidió abrir una causa contra la jueza por prevaricación y cohecho, y el Consejo General del Poder Judicial, la apertura del oportuno expediente. Ambas diligencias han sido archivadas. A cambio, Esther Sara Vila ha pedido un destino donde “no hacer ruido”, el juzgado de Lo Social nº 3 de la ciudad pacense.

Todo el asunto comenzó por la custodia de los hijos del matrimonio formado por los jueces Vila y Sánchez de Tejada. Cuando surgieron las desavenencias, cada uno pidió un destino lejos del otro. Hasta ahí todo bien si no hubiese sido porque Luis Sánchez de Tejada, decano de los juzgados de Puertollano, decidió, por las bravas, llevarse a sus hijos. La denuncia correspondiente trajo como consecuencia una orden de alejamiento dictada por un juzgado de Badajoz, cuya titular, en esos momentos, era una familiar de Juan Díaz Ambrona, abogado, administrador concursal, y pareja de Esther Sara Vila.

Sánchez de Tejada contrató los servicios de un detective quien le confirmó la relación de la pareja, y más cosas. Que había serias sospechas de que la jueza Esther Sara Vila estaba concediendo administraciones de los concursos de acreedores que pasaban por su despacho a su compañero y que, éste a su vez, había tejido una red de intereses para beneficiar a colegas suyos.

El magistrado de Puertollano no dudó en denunciar estos hechos al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Pero mientras duró la instrucción, Esther Sara Vila permaneció en el juzgado. La ley no permite suspender antes a un juez porque si se hiciese se abriría la puerta a denuncias maliciosas presentadas con el único objetivo de apartar a un magistrado de un caso. Solo cuando la instrucción ha terminado y se encuentran indicios suficientes para llevar el caso a juicio es posible adoptar la medida de suspenderles, aunque sea temporalmente en su trabajo.

Juan Díaz Ambrona renunció a seguir administrando las empresas que le habían adjudicado, entre ellas la Clínica Extremeña de Salud, el Club Deportivo Badajoz, y Negro Villar.

La sospecha que ha quedado en todo este asunto es si las máximas autoridades judiciales están tapando casos como estos para evitar el deterioro de imagen de una justicia que empieza a ser cuestionada por la ciudadanía.

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