El juzgado numero 31 de Madrid que dirige Antonio Serrano-Arnal ha archivado provisionalmente un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que se acusa a Rodrigo Rato, exvicepresidente económico del Gobierno, de delitos de blanqueo, malversación y cohecho por un valor de 71,9 millones de euros que sus sociedades facturaron a empresas públicas privatizadas durante su mandato.

En un Auto, al que ha tenido acceso Dairio16, el informe de la UCO hace referencia a la investigación sobre las privatizaciones de las empresas en las que el Estado tenia, mas o menos, una participación en su accionariado. Según dicho informe la UCO comprobó que Rodrigo Rato nombro al frente de estas empresas: Endesa, Repsol, Telefónica, Tabacalera-Altadis, Azucarera-Ebro y Aldeasa, a su amigos para que posteriormente contrataran con la empresa Cor Comunicación, de su propiedad, la publicidad de dichas compañías.

El informe policial hacía hincapié en que las empresas de Rato, entre ellas Cor Comunicación, fundada en 1997, cuando era ya vicepresidente con José María Aznar, recibieron fondos de Endesa (61 millones de euros), Repsol (cuatro millones), Telefónica (755.000 euros), Altadis (4,1 millones), Aldeasa (3,3 millones), Azucarera Ebro (4,6 millones) tras los procesos de privatización. De los 71,9 millones, un total de 21,1 fueron traspasados por Rato al resto de sociedades de su entramado

El magistrado instructor afirma, que en la denuncia de la UCO en la que se sostenía que Rato situó al frente de las empresas privatizadas a personas de su confianza para que otorgaran contratos de publicidad a precios muy elevados a su sociedad Cor Comunicación y que usó un entramado societario para blanquear los fondos obtenidos, “carece de sustento fáctico alguno”.

La decisión del juez se conoce justo un mes después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitase la comparecencia de Rato para que se le notificara los presuntos nuevos delitos..

El juez Serrano-Arnal considera que no se puede investigar a Rato por blanqueo porque el delito de cohecho, en el que sustenta la denuncia ya está “notoriamente prescrito”, señala el magistrado.

Además, el juez señala que “no está acreditado” que los nombramientos de los presidentes de las empresas privatizadas “fuesen de la exclusiva potestad” de Rato. “Los mismos estaban, en muchos casos, sujetos a una aprobación colegiada, examinada y razonada tanto en las correspondientes empresas como en el Consejo de Ministros”, recuerda el magistrado.

En relación con los delitos fiscales en los que el exministro habría incurrido para blanquear dinero, el magistrado insiste en que un juez investiga hechos concretos, no especulaciones o la búsqueda de indicios basados en sospechas. Por eso señala la necesidad de que la Agencia Tributaria determine las cantidades presuntamente evadidas por el exministro al ser “esencial” de cara a imponer una eventual condena.

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1 Comentario

  1. A todos los que se siguen llamando socialistas:
    ¿seguimos apoyando al vende hipotecas de ciudadanos y a los corruptos y del PP?¿O se va apoya la mociòn de censura y se mete en la carcel a todos estos mangantes?

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