La querella por injurias y calumnias presentada por el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, del PP, contra el actual alcalde de Cádiz, José María González, «Kichi», ha sido archivada en un auto que considera que «Kichi» hizo «critica política» sin cometer delito alguno.
La titular del juzgado de instrucción número 3 de Cádiz, Rosa María García Jover, ha decretado el archivo de las diligencias provisionales abiertas a raíz de que el pasado mes de marzo González Santos acusara al anterior gobierno municipal de haber suministrado «a sabiendas» agua contaminada durante varios días de 2014 a los 10.000 vecinos del barrio de Loreto, antes de proceder al corte que afectó a la zona durante catorce días.
El anterior equipo de gobierno municipal, liderado por la exalcaldesa y diputada nacional Teófila Martínez, interpuso una querella por estas declaraciones contra el alcalde; el concejal de Medio Ambiente, Manuel González, y el jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Cádiz, José Vicente Barcia.
El auto de archivo ha suspendido este miércoles el inicio de la toma de declaraciones de los querellantes y de los querellados, previsto para el mismo día, cuando estaba citada Teófila Martínez.
En su auto la jueza explica que al alcalde y su equipo no tuvieron un «propósito específico de injuriar» al anterior equipo al hacer esas declaraciones, después de que un informe revelara que se habían detectado bacterias en controles días antes de que se procediera al corte del suministro del agua.
La jueza entiende, como el fiscal, que las declaraciones del alcalde y del resto de los querellados estuvieron dentro de «un ánimo de crítica respecto de la gestión de los asuntos públicos».
Explica que no existió delito de calumnias ni injurias pues se denunciaron «meras irregularidades» sin imputar delitos concretos a personas concretas con «expresiones que pueden ser excesivas o poco acertadas pero no integrantes de responsabilidad penal».
Además destaca que «no se ha demostrado la falsedad de dicha imputación» (de irregularidades en la gestión) y que no existió «un «temerario desprecio a la verdad» por parte del alcalde, que de hecho llevó el asunto a la Fiscalía, que ha abierto diligencias informativas.
La jueza añade que el asunto refleja «una falta de conocimiento tanto de querellantes como del querellado de las incidencias ante una posible contaminación de aguas y quien es el responsable del corte de suministro, lo que hace que la misma deba quedar fuera de la esfera penal».
Además sostiene que las supuestas injurias y calumnias se habrían hecho en una rueda de prensa el pasado 7 de marzo en la que no estuvieron presentes ninguno de los querellantes, por lo que conocieron sus palabras a través de los medios de comunicación.
Apunta también que no se menoscabó el derecho al honor de los miembros del anterior gobierno: «es evidente que las personas que desempañan cargos públicos están sometidas en mayor medida a crítica», indica la jueza, que destaca la prevalencia del derecho a la libertad de expresión, informa Efe.
