Para empezar, y entre otros males, quizás lo de Ecuador: Tuvo que pagar 2.300 millones de dólares a la multinacional petrolera Occidental. Un tribunal privado, formado por tres abogados privados, decidió que cancelar el Estado el contrato con esa petrolera fue expropiación. Tenía que indemnizarla. Daba igual que la petrolera incumpliera las medidas de protección ambiental exigidas en el contrato.
Pero hay muchos más casos.
Eslovaquia pagó a la aseguradora Achmea 29 millones de euros porque el gobierno electo decidió hacer pública de nuevo la sanidad que fue privatizada. Y el Gobierno alemán pagará 3.700 millones de euros a la corporación Vattenfall porque cerró las plantas nucleares que gestionaba tras el desastre nuclear de Fukushima en Japón.
Philip Morris demandó a Uruguay por advertir en los paquetes de tabaco que fumar es malo para la salud. Y Renco demandó a Perú por 800 millones de dólares porque el gobierno revocó su permiso para fundir metales al ser sus métodos muy contaminantes.
Bear Creek demandó también a Perú por 1.200 millones de dólares porque el gobierno rescindió el contrato con esa multinacional minera por agresión el medio ambiente y por los asesinatos de indígenas en las protestas contra esa empresa.
La empresa Veolia demandó a Egipto por sentirse perjudicada por el gobierno al aumentar éste el salario mínimo…
Avalancha de demandas contra estados
Esos increíbles dictámenes y amenazas contra estados soberanos no son política ficción. Son reales porque hay unos llamados tribunales de arbitraje internacional. El arbitraje internacional pretende ser un mecanismo regulador para resolver conflictos entre empresas extranjeras y gobiernos en cuyo territorio se instalan. ISDS, por sus siglas en inglés, y está en todos los tratados bilaterales de inversión y comercio. El ISDS facilita a grandes empresas y corporaciones extranjeras demandar a los Estados. Cuando consideren que sus beneficios peligran. Presentes o futuros.
Las demandas de multinacionales a estados han aumentado sin cesar en los últimos veinte años. En 1995 hubo seis demandas contra distintos estados, pero hoy ya son casi 700. La avalancha de demandas de multinacionales, sobre todo del sector minero y petrolero, desafían las políticas de los gobiernos que protegen el medio ambiente, defienden los derechos laborales, a la ciudadanía y a las comunidades indígenas.
¿Qué son los ‘tribunales’ internacionales de arbitraje? Solo grupos de tres abogados privados carísimos. Abogados que actúan tanto como consejeros de multinacionales, acusadores, testigos o árbitros que dictan la indemnización… Son juez y parte. Sin olvidar que muchos de esos presuntos árbitros han sido miembros de consejos de administración de empresas demandantes. Todo queda en casa.
Ninguna ciudadanía ha elegido esos árbitros
Para rematar el chanchullo de esos “tribunales”, cabe recordar que no han sido elegidos ni designados por ninguna entidad u organización democrática nacional ni internacional. No tienen nunca en cuenta las leyes nacionales ni el derecho internacional, y casi siempre dictaminan a favor de las empresas. Cabe añadir una característica cuyos rasgos van en contra de lo jurídico y presentan claros tintes autoritarios: los fallos de dichos tribunales privados no se pueden recurrir ante instancia alguna, ni privada ni pública, ni nacional ni internacional. Son inapelables.
Actualmente hay más 2.800 tratados bilaterales con clausulas de tribunales privados. ¿Para dirimir conflictos entre empresas y estados? En realidad, esos falsos tribunales podrían definirse como otro medio de las multinacionales para obtener ingresos multimillonarios.
Según el informe Cuando la injusticia es negocio de Pia Eberhardt y Cecilia Olivet (AQUÍ puedes leerlo), el arbitraje internacional está conectado a la especulación financiera y ha creado una densa red de fondos de inversión, especuladores, árbitros, abogados y empresas demandantes que trafica con paquetes de demandas a estados convertidos en activos financieros.
Los abogados de arbitraje internacional, además de fallar a favor de las empresas, animan a las multinacionales a demandar a gobiernos o amenazarlos con demandas para que cedan a sus pretensiones de no tener que tomar medidas de protección ambiental, por ejemplo. Aseguran, además, que es fácil que una multinacional logre un acuerdo ventajoso con un gobierno si antes lo amenaza con una demanda multimillonaria.
La ONU ya ha expuesto sus muchos reparos contra el arbitraje internacional. Incluso el FMI reconoce que esos presuntos tribunales limitan severamente la capacidad de los estados para afrontar la crisis, además de debilitar a los gobiernos para actuar en beneficio de la ciudadanía.
Enfrentarse a las corporaciones multinacionales ya no es una propuesta solo de movimientos sociales; también lo piden gobiernos, parlamentos nacionales y algunos organismos internacionales. Todos coinciden en que un primer acuerdo consiste en elaborar un código internacional vinculante para las multinacionales. Un convenio o tratado que las obligue a respetar derechos humanos y medio ambiente y dote a la ciudadanía y a los Estados de instrumentos para defenderse contra la actuación depredadora de las multinacionales. El grupo de trabajo de empresas y derechos humanos de la ONU ha aprobado hace poco crear ese instrumento jurídico internacional y vinculante que deberá aprobar la Asamblea General.
Avalancha de demandas contra gobiernos
En los últimos años, los países más demandados de América Latina y Asia buscan cómo enfrentarse a los falsos tribunales privados. Argentina, el país que más demandas ha recibido, se negó a pagar indemnización alguna hasta que fue elegido presidente Mauricio Macri.
Por su parte, Ecuador, Bolivia y Venezuela han abandonado el organismo arbitral regulador del Banco Mundial (CIADI) y, como Sudáfrica e Indonesia, no han renovado sus tratados bilaterales de inversión en tanto que la India ha congelado los que negociaba.
Se han abierto brechas, aún pocas. Será una batalla prolongada y compleja. Las multinacionales no parecen entidades dadas a renunciar con facilidad a tan productiva fuente de ingresos.
Quien tal vez haya retratado mejor la surrealista situación de los tribunales privados de arbitraje, además de profundamente injusta, sea Juan Fernández Armesto, abogado español que ha actuado como árbitro internacional. Asegura Fernández Armesto que nunca deja de sorprenderle que Estados soberanos acepten el arbitraje de inversiones. Que a tres particulares se les dé el poder de revisar, sin restricción o apelación, todas las acciones del Gobierno, todas las decisiones de los tribunales y todas las leyes y reglamentos del Parlamento.
La noticia es que han tensado tanto la cuerda que muchos particulares y varios países se han hartado.
