La corrupción esta vez salpica al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, al que la Fiscalía Anticorrupción apunta por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, según publicaba El Mundo esta mañana. Además, el Fiscal atribuye al ex ministro del Partido Popular un presunto acto delictivo respecto a “la adquisición por 83 millones de euros de dinero público de la sociedad INASSA en 2001”.

La Fiscalía da la voz de alarma sobre una operación vinculada a un sobreprecio de 25 millones de euros cuando el Canal de Isabel II incrementó su actividad en Latinoamérica. En esta investigación, Anticorrupción advierte de la responsabilidad penal de Ruiz-Gallardón penal y apunta igualmente como responsables a Gaspar Cienfuegos-Jovellanos quien fue director financiero de esta empresa de aguas, y al ex consejero de Hacienda de la comunidad madrileña, Juan Bravo. Por ello, Fiscalía podría imputar al ex presidente de los madrileños, además de tramitar la citación para que comparezcan en el juzgado como “investigados” ante el juez Manuel García Castellón, -instructor del caso Lezo que ordenó prisión para el ex presidente Ignacio González-, con el objeto de dilucidar esta operación en el Canal de Isabel II.

La empresa INASSA anteriormente era propiedad de Aguas de Barcelona, sin embargo, bajo la presidencia de Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid esta empresa fue adquirida con el citado sobrecoste de 25 millones de euros, lo que ha llevado a Anticorrupción a solicitar a la Intervención General del Estado que realice un estudio al detalle para “cuantificar el sobrecoste”. La previsión de Anticorrupción es citar a Ruiz-Gallardón en calidad de imputado en cuanto obtenga los cálculos de Intervención para efectuar el interrogatorio.

Por su parte, desde Anticorrupción citarían a declarar como investigados al ex presidente de la Comunidad de Madrid junto a su equipo si se presentaran voluntariamente a explicar la operación del Canal Isabel II, sin embargo, no hay constancia de estos contactos ni con la Fiscalía ni en la Audiencia Nacional. Desde el principio, los fiscales sospecharon del elevado coste por la adquisición de INASSA que pagó la Comunidad de Madrid. Las investigaciones hacia todos los que participaron en esta operación “controlada por Ruiz-Gallardón y su equipo”, también apuntan a los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, “al adoptar el acuerdo que autorizaba la compra”, y a los funcionarios públicos que “no pusieron reparos ni auditaron la operación”.

 

El testimonio de Edmundo Rodríguez Sobrino

El Mundo accedió al testimonio del que fue responsable del Canal Isabel II en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, que actuaba bajo el mandato del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien declaró ante el juez que ante la adquisición de INASSA en 2001, “esta operación es un robo y un pelotazo”, además de señalar a Ruiz-Gallardón y otros implicados comoactores y beneficiarios”.

Cabe destacar que, en el contenido de las conversaciones bajo pinchazos telefónicos, entre Rodríguez Sobrino y González, existe una concordancia entre los datos vertidos con la documentación recabada en este proceso judicial. Se deduce de estas conversaciones que las decisiones de la operación se gestaron entre el Consejo de Gobierno de la Comunidad madrileña, el Canal de Isabel II y los gestores de INASSA. Estas acciones enlazan con la compra de una red de sociedades en Latinoamérica con dinero público, -que podrían ser utilizadas presuntamente para desviar fondos públicos-, gestión en la que se incluye la relación de la compra de INASSA.

La Fiscalía considera que no es una operación aislada la adquisición de INASSA, por tanto, investiga la compra de EMISSAO, -empresa brasileña-, cuando Ignacio González era responsable del Canal de Isabel II.

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