¿Es anticatalanista el Estado Español?

Cuando las tropas franquistas en los amenes de la Guerra Civil entraron en Barcelona, sembraron la ciudad con unos carteles cuyo mensaje interactivo era rotundo: “ Si eres español, habla español “. Era la consecuencia en circunstancias dramáticas, cruenta y desgarradora de la falta más grave, el error más profundo y dañoso en que se incurrió por parte de la derecha y la monarquía de la Restauración al considerar el catalanismo y el problema catalán como una infección de la cual había que aislar al resto del país, haciéndole creer que allí había un nido de corrupción, una amenaza, un peligro para toda España de lo que más valía no hablar. Se hacía ésto en vez de elevar el problema catalán, como es en sí, a la categoría de principal y primordial en la organización del Estado español. Los breves paréntesis históricos a esta concepción estatal, dual y ortopédica, fueron derogados dramáticamente por las minorías dominantes hasta el momento presente, producto del término biológico del franquismo y la necesidad de mantener el tradicional régimen de poder reconociendo como adaptación ciertas libertades individuales y blindando el poder arbitral del Estado.

Porque la Transición no fue el acceso de la voluntad popular al Estado, sino del Estado a la voluntad popular para corregirla y encauzarla. Como dijo Manuel Azaña de la “ revolución desde arriba “ de Costa,una revolución que se inaugura dejando intacto el Estado existente es un acto muy poco revolucionario. De igual manera, la Transición supuso la imposición resignada de que no había otra opción, en un contexto de orquestado ruido de sables y maquinaciones financieras. La organización del pesimismo es verdaderamente una de las “ consignas “ más raras que puede obedecer un individuo consciente. Sólo han querido concedernos un derecho de descomposición bastante perfeccionado. Es decir, la vida como renuncia, convencimiento de que nada puede ser mejor.

Para ello en lugar de esa constitución que proclamaba Azaña: flexible, leve, ligera, adaptada al cuerpo español sin que le embarace ni moleste en ninguna parte porque un pueblo, en cuanto a su organización jurídico-política, es antes de la Constitución, entidad viva, la que emergió de la Transición en el 78 se hizo geométrica, rígida, para conservar el régimen de poder articulando un proceso de tránsito que según su artífice suponía pasar de la legalidad a la legalidad, es decir asumiendo la legalidad franquista y con ella el estatus de los grupos sociales, económicos y financieros de la dictadura. Se configuró un ambiente psicológico en que cualquier actitud de ruptura con el pasado vaticinara un vértigo. Toda la agrimensura política, por lo tanto, se concibió desde la desconfianza para que ese régimen de poder no cambiase y, como consecuencia, la democracia, como la pala de hojalata del poema de Seaumus Heaney, estuviera hundida más allá de su destello en la masa de harina. El nuevo escenario, frente a lo que se nos ha hecho creer, ignoraba premeditadamente que la democracia no puede tener un espacio cerrado, pues no cabe en un Parlamento ni en las fronteras de un Estado, sino que existe siempre como el lugar común de esa resistencia, de ese intervalo en el que se afirma el poder de la ciudadanía.

Pasar de aquella legalidad sin derogarla nacida de la gran ilegalidad que supuso el golpe de Estado contra la democracia republicana, o lo que es lo mismo que la legalidad hoy tenga su origen en la sublevación militar del 18 de julio, representa la continuidad histórica de una frustración consuetudinaria para construir un auténtico Estado nacional, en lugar de un Estado inhábil, desde Felipe II, para constituirse sobre bases políticas y no ideológicas y, por tanto, al servicio estamental de la minoría dominante. No existe, recurriendo a Ortega, vicio político más contraproducente que hacer la historia sin razón histórica, lo que conduce a la arterioesclerosis de una sociedad constreñida en una fase destinada a pasar.

España constituyó en el pasado su Estado, no por voluntad consagrada de los pueblos peninsulares ni por la fuerza de las armas ni de la conquista, sino por uniones personales; agrupándose Estados peninsulares en los cuales lo único en común era la Corona, pero sin que existiera entre ellos comunicación orgánica. Tal no existía, que la monarquía entonces ni siquiera se llamaba española, sino católica. La monarquía y sus hombres y sus soldados jamás se llamaron soldados, hombres, políticos o gobernantes de la monarquía española, sino de la monarquía católica.

La proyección de la Corona sobre cada Estado implicado en la monarquía católica era directa de la Corona a los súbditos del Estado sin comunicación orgánica y política entre los territorios y lo que la Corona hacía en cada estado era quebrantar, romper las franquicias, los fueros, las libertades propias de cada lugar para destruir los obstáculos que se oponían al poder ascendente y autoritario de la monarquía que era una tendencia histórica que venía de la Edad Media. Esta política de sojuzgamiento de las libertades locales no tenía un propósito de asimilación, había un propósito de despotismo real, no para fundir Estados, sino para someter a súbditos que podían defenderse detrás de las instituciones locales. El último territorio procedente de la Corona católica que sucumbió al peso de la monarquía absolutista fue Cataluña. Como afirmó Manuel Azaña, el defensor de las libertades catalanas pudo decir entonces con razón, que él era el último defensor de las libertades españolas. A lo que habría que añadir como alguien dijo, que la verdadera historia de un país hay que buscarla en la suerte de los héroes derrotados.

De todos estos derroteros proviene el hecho insólito, digno de estudio en los ámbitos historiográficos, de que la reafirmación de un Estado, incapaz a través de los siglos por intereses minoritarios de constituirse en un auténtico Estado nacional, se sustancie en contra de la historia, la realidad y la cultura de uno de sus territorios, es decir, que sea beligerante en aquello que le debería de ser propio y constitutivo. Las instituciones catalanas son parte del Estado, pero no pueden serlo de un Estado que se posicione en contra de la identidad y el imaginario colectivo de uno de sus pueblos en lugar de acogerlos con todas las singularidades como parte de la riqueza espiritual y material de la totalidad del país. Es necesario y urgente una profunda reforma del Estado – que es la gran obra política y material pendientes de las fuerzas del progreso -, que implique la redistribución de poder no ya para los territorios, sino también para beneficio de la centralidad democrática de las mayorías sociales en contra de las élites beneficiarias del Estado estamental e ideológico. Un Estado capaz de construir una identidad política desde la realidad de los pueblos que lo integran y la soberanía mayoritaria de sus ciudadanos.