Amnistía Internacional ha mostrado su preocupación por las expulsiones exprés desde España a Marruecos de al menos, 116 personas migrantes y posibles refugiadas que este miércoles entraron en Ceuta. Estas personas fueron devueltas a Marruecos en autocares en aplicación de expedientes de expulsión, en virtud de un Acuerdo entre ambos países vecinos relativo a la readmisión de personas extranjeras.

Esteban Beltrán, director de AI España se ha mostrado gravemente preocupado por estas “prácticas porque podrían suponer una violación de derechos humanos de las personas migrantes y posibles solicitantes de asilo”. Debido a la celeridad con que se llevan a cabo, “difícilmente pueden garantizar el acceso a un procedimiento individualizado con todas las garantías, y por tanto, a una asistencia letrada y de intérprete de calidad, así como a una identificación adecuada de potenciales solicitantes de asilo, menores extranjeros no acompañados o miembros de colectivos con necesidades específicas como las personas LGBTI”, ha asegurado.

Amnistía Internacional recuerda que es necesario que los procedimientos se lleven a cabo con las debidas garantías para evitar “comportamientos de la Administración inmunes al control judicial”. La cooperación permanente entre España y Marruecos en materia de control fronterizo y migratorio plantea serias preocupaciones a raíz de reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades marroquíes contra personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.

Además, en virtud del Acuerdo con base en el que se estarían llevando a cabo estas expulsiones, estas personas deberán ser enviadas a su Estado de origen o al Estado donde comenzaran su viaje, en caso de no tener derecho a permanecer en territorio marroquí. Esta práctica conlleva el riesgo de que estas personas, por tanto, sean expulsadas de manera ilegal, vulnerándose así el principio de no devolución (art. 3 Convenio Europeo de Derechos Humanos; art. 57.6 de la Ley de Extranjería), por el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos en Marruecos, países de origen, o en los países donde hubieran comenzado su viaje.

En el caso de Melilla y la imposibilidad en el de Ceuta, de acceso por puesto fronterizo, algo que hace prácticamente infranqueable la entrada para personas refugiadas, especialmente para las subsaharianas

Hemos instado en numerosas ocasiones al Gobierno español a detener inmediatamente la práctica de expulsar de manera express a Marruecos a personas de terceros países y suspender la cooperación con Marruecos en materia de control migratorio hasta que este país respete plenamente los derechos humanos de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Esa suspensión también debe incluir el acuerdo de readmisión existente entre ambos países, hasta que el mismo incluya salvaguardas de derechos humanos”, declara Beltrán.

El pasado martes un total de 116 inmigrantes subsaharianos saltaron la valla fronteriza que separa Ceuta de Marruecos este miércoles a las nueve de la mañana a través de la Finca Berrocal. En el salto al menos 5 migrantes y siete agentes de la Guardia Civil resultaron heridos.

Amnistía Internacional ha denunciado durante años y de forma reiterada violaciones de derechos humanos que se han llevado a cabo en la zona fronteriza entre España y Marruecos. La organización ha documentado expulsiones sumarias y colectivas de personas migrantes y solicitantes de asilo que se realizan en las fronteras de Ceuta y Melilla, que, tal y como han denunciado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, o el Comisario Europeo de Derechos Humanos entre otros, violan los estándares internacionales de derechos humanos.

También ha documentado otras violaciones de derechos humanos, como los abusos policiales, así como la dificultad, en el caso de Melilla y la imposibilidad en el de Ceuta, de acceso por puesto fronterizo, algo que hace prácticamente infranqueable la entrada para personas refugiadas, especialmente para las subsaharianas. Quienes lo logran deben afrontar la falta de condiciones adecuadas en los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI), la discriminación por razón de nacionalidad y la falta de atención a grupos vulnerables, como personas con discapacidad, víctimas de trata o colectivos LGBTI, entre otros.

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