La Constitución Española en su artículo 1.2 afirma que «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Por otro lado, el Código Penal, en su Título XXIII, determina los castigos aplicados a los españoles que cometan delitos de traición. Todos los artículos de este Título XXIII (581-603) están orientados hacia la traición al Estado en lo relativo a la defensa nacional y a los atentados contra la unidad de España. Sin embargo, en este país se está cometiendo una traición mucho más grave contra quien detenta la soberanía nacional. Veámoslo.

Estos años de crisis económica en los que se ha querido aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para acometer una serie de reformas de claro corte neoliberal que han afectado directamente a la vida de la gran mayoría del pueblo español y que no tienen visos de que se vaya a revertir. La condescendencia y la complicidad del gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular (defensor a ultranza del liberalismo económico que tiene como aspiración máxima la eliminación del Estado como garante de la protección de los ciudadanos) respecto a las medidas impuestas por la Comisión Europea para el control del déficit público ha hecho que se hayan recortado de manera salvaje las partidas económicas destinadas al sostenimiento del Estado del Bienestar que tanto trabajo y tantos sacrificios costaron implementar en España tras la caída del franquismo. Sin embargo, el mayor problema no se encuentra en el gasto público sino en la recaudación. En España se escamotea al fisco anualmente un 24,6% del Producto Interior Bruto. Tomando como medida el billón de euros de PIB español, estamos hablando de 246.000 millones que el Estado deja de percibir. Los inspectores de Hacienda han repetido en innumerables ocasiones que el mayor desequilibrio económico está provocado precisamente por esa economía sumergida y, de paso, hacer visible la indecente falta de medios con la que cuentan para luchar contra ella. La cuarta economía de la Eurozona es la que menos inspectores tiene por número de habitantes, uno por cada 1.958 habitantes, la ratio más baja de la Unión Europea, según datos aportados por GESTHA (el sindicato de los técnicos de Hacienda) en base a los informes de la OCDE:

DibujoEstos datos son vergonzosos, sobre todo en un país como España, donde la tasa de desempleo, la desigualdad generada por la crisis y las consecuencias de un mapa productivo deficitario basado en la precariedad del empleo hacen más necesario la aportación del Estado para garantizar los servicios a quien corresponde la soberanía nacional.

No se piensen ustedes que estas cifras de evasión fiscal o de economía en B están provocadas por no pagar el IVA en unas «ñapas» en casa. Este fraude, que también es censurable y del que todos somos responsables, «apenas» supone un 7% de la cantidad antes indicada. Quienes son los máximos responsables de esa evasión de dinero a los españoles son las grandes fortunas y las grandes empresas, es decir, las que tienen a su disposición las herramientas para rozar la línea constantemente de sus declaraciones impositivas gracias a la contratación de técnicos y bufetes de abogados que sólo están al alcance de esas élites.

Por otro lado, España tiene otro problema muy grave: la corrupción política que, evidentemente, también tiene su coste para las arcas del Estado. Según varios estudios independientes la corrupción política le cuesta a los españoles 87.000 millones de euros al año. Precisamente, en esa corrupción también están metidos interpretando el papel del corruptor parte de esas élites empresariales que ya defraudan al Estado gracias a su ingeniería fiscal o a su movimiento de capitales hacia paraísos fiscales o hacia otros países que tienen unas tasas impositivas más laxas dentro de la propia Unión Europea (Luxemburgo o Irlanda, por ejemplo).

Si sumamos las cifras de economía sumergida a las de la corrupción nos da un resultado escandaloso:

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Millones de euros

Los datos anteriores son totales. Si nos centramos en lo referido a grandes fortunas y grandes empresas:

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Millones de euros

Veamos ahora los datos referidos a lo que aportan las Administraciones Públicas anualmente a varios de los puntales del Estado del Bienestar:

Millones de euros
Millones de euros

Las cifras son escandalosas, a la vez que desalentadoras. Sólo con lo que las grandes fortunas y las grandes empresas defraudan al Estado español se podría sostener el Sistema de Pensiones y garantizarse una Sanidad de calidad a todos los ciudadanos. Si a esto le sumamos los costes de la corrupción tendríamos que cada año los españoles sufrimos recortes porque unos pocos se aprovechan de su poderío económico, de su acceso a las redes de poder y de su influencia para no aportar lo que les corresponde para sostener algo tan básico y fundamental en una democracia como es el Estado del Bienestar.

Este artículo comenzaba con una alusión a la Soberanía Nacional reconocida al pueblo español por la Constitución y se añadía un resumen de todo lo referido a los delitos de traición en el Código Penal. ¿Qué mayor traición hay hacia el Reino de España que la de provocar la caída de uno de los cimientos sobre los que se asienta cualquier Estado democrático? Por eso los delitos cometidos contra la Hacienda Pública deberían ser incluidos dentro de ese Título XXIII del Código Penal por el daño que causan a quien es depositario de la Soberanía Nacional. La traición no debe sólo ser aplicada a aspectos relacionados con la seguridad nacional, con los secretos de Estado, con la defensa de la nación o con la unidad de la misma. También ha de ir orientada hacia el quebranto que puede ocasionar al pueblo y, en la situación actual, no hay mayor atentado que el privarle de lo que tiene reconocido también en la Constitución como un derecho.

Estamos en época electoral. Unos, siguiendo la costumbre de mentir sobre su programa, afirman que van a bajar los impuestos. Otros quieren crear nuevos impuestos para poder mantener el Estado del Bienestar. También están quienes quieren crujir directamente a las grandes empresas y a las grandes fortunas sin tener en cuenta las posibles consecuencias de esta medida. Antes de hacer nada hay que poner las bases para que cada cual aporte al Estado lo que le corresponde, ni más ni menos, porque cumpliendo cada uno con sus obligaciones con la Agencia Tributaria no harían falta más recortes ni nuestros sistemas de protección social estarían en peligro. Quienes defraudan están cometiendo un delito que bien podría ser de alta traición contra el pueblo español.

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