En efecto no se va por buen camino. Se va por muy mal camino.

La distorsión de la Justicia, de la división de poderes, del estado de derecho y, en definitiva, de la democracia son contundentes y la existencia de la prevaricación parece más que evidente.

Ni el monarca cumple con su rol constitucional, ni el gobierno respeta la división de poderes, ni los Tribunales parece que tengan interés alguno en proteger su independencia.

Porque, vamos a ver, todos creen que si van a una manifestación están protegidos por la libertad de expresión y el derechode reunión y de asociación. Pues no es así si lo hacen en Cataluña. Aún cuando lo hagan pacíficamente, pueden ser automáticamente acusados de sedición (cuando no, de rebelión).

De igual modo consideran que “en su cabeza” mandan únicamente ustedes. Y que, piensen lo que piensen, tienen garantizada la libertad ideológica. Pues tampoco. Si cometen la osadía de “pensar”, por ejemplo, en una república, también encontrarán quien les acuse de ser ideológicamente contrarios al régimen y les mantendrá por ello en prisión preventiva, sin que se cumplan los requisitos legales para hacerlo.

Todos consideramos que la violencia es algo muy grave que se ejerce mediante el uso de la fuerza física (incluso con armas) para dominar a alguien o imponerle algo en contra de su voluntad, en un momento concreto y determinado.

Esta evidencia ha dejado de serlo en Cataluña. Efectivamente, aquí “se ha decidido” que la violencia puede ser mental e incluso “tendencial”, si nos atenemos a cuanto expone el juez Sr. Llarena en algunas de sus interlocutorias.

Todos quienes nos dedicamos al mundo del derecho sabemos perfectamente que sin “violencia” no puede existir rebelión y, como en realidad nunca ha existido violencia en el denominado “proceso catalán” (salvo la ejercida efectivamente por los cuerpos de seguridad del estado el día 1-O), hay que “encontrarla”, aún a sabiendas de que se inventa artificiosamente, mediante unas interpretaciones que resultan ridículas y que denigran a quienes las conciben y verbalizan.

Aspiramos a que la Justicia nos trate absolutamente igual que a cualquier otro ciudadano, tenga éste el rango, capacidad económica o influencia social o política, que tenga, con independencia de llamarnos Rodríguez, Fernández, Urdangarín, Millet o “M.Rajoy”. En este aspecto, sobran comentarios.

De igual modo, quien más quien menos, creemos tener derecho a un juicio justo y que, en consecuencia, se nos asignará un juez (de conformidad a cuanto predetermina la ley); que nadie nos cambiará las reglas del juego “en pleno partido”; y que -por supuesto- nadie se va a inventar hechos o delitos para simplemente perjudicar o amedrentar. Pues bien. Por lamentable que esto sea, esos principios han sido conculcados abiertamente en el denominado caso catalán. Repasen las interlocutorias judiciales y lo podrán comprobar con sus propios ojos.

El escenario de la prevaricación parece más que pergeñado.

¿Pero qué ocurre con el sufragio público, como expresión del derecho de participación política?

Muy fácil. Lo están literalmente laminando. El gobierno español está haciendo, con la inestimable ayuda de los Tribunales, cuanto puede -y cuanto no- para evitar que la voluntad expresada en las urnas por la mayoría de ciudadanos de Cataluña pueda hacerse realidad. Y eso es prevaricar.

Si los ciudadanos ejercen legalmente su voto y dan su apoyo a opciones legal y legítimamente presentadas a las elecciones, ¿con qué derecho el gobierno de turno o los Tribunales pueden irrogarse la facultad para impedir, a toda costa, que esas personas puedan ejercer sus derechos de participación política?.

¿Qué es lo que ha ocurrido en Cataluña? Ustedes recordarán perfectamente que, desde el pasado mes de octubre, diversos ministros retaron al President Sr. Puigdemont a presentarse a las elecciones del 21-D. El portavoz del gobierno Sr. Méndez de Vigo manifestó públicamente que el ejecutivo recibiría “con agrado” la participación del President cesado. Añadiendo literalmente:

“Puigdemont y todos los líderes políticos pueden participar en las elecciones porque están en su derecho. Sería bueno porque es una manera de que los catalanes juzgasen y opinen sobre las políticas que ha llevado a cabo el Sr. Puigdemont en el último año”.

Pues bien, las elecciones se celebraron y los partidos favorables a la independencia obtuvieron mayoría parlamentaria.

Pero este resultado está siendo bloqueado por la acción ilegítima del gobierno español, en colaboración con el bloque del 155 y de los Tribunales, a pesar de que ninguno de los políticos electos tenía, ni tiene, menoscabados sus derechos de participación política.

¿Qué debió ocurrir entre bambalinas el 25 y 26 de enero pasado para que el sábado día 27 el Tribunal Constitucional (TC) dictara la parte dispositiva de unas más que “sorprendentes” medidas cautelares relacionadas con la convocatoria del debate de investidura en el Parlament de Cataluña?

Recordemos que el Consejo de Estado había informado al gobierno (el 25 de enero) que no existía fundamento alguno para que éste sustentara un recurso de constitucionalidad en contra de la convocatoria de la sesión de investidura del President Sr. Puigdemont, convocada para el martes día 30 de enero.

Aún así, el gobierno presentó ante el TC el recurso de inconstitucionalidad.

Lo que procede, en estos casos, es que el TC admita –o no- el recurso y decida sobre la suspensión de la norma o resolución impugnada.

Sin embargo lo que el TC hizo, con la celeridad y urgencia que le caracteriza cuando se trata del “caso catalán, es dar un inaudito plazo de diez días a las partes para que se manifiesten antes de decidir sobre la admisión del recurso y, en tanto que no lo resuelva, se inventa también unas “medidas cautelares” que nadie le ha solicitado y cuyo contenido resulta absolutamente esperpéntico desde el punto de vista legal.

Por de pronto se irroga, de manera ilícita, la función interpretativa que legalmente corresponde sólo a la Mesa del Parlament para interpretar el Reglamento de la Cámara. Luego decide, por su cuenta y riesgo y sin amparo legal alguno, que el debate y la votación de investidura del candidato no podrá celebrarse por medios telemáticos, ni por sustitución de otro parlamentario.

Pero es más, en un triple salto mortal sin red, introduce la figura de un juez para que se inmiscuya directamente en la regla de oro de la democracia: el vínculo entre el voto libre y democrático de la ciudadanía y la representación parlamentaria que deriva de tal voto.

Para ello suelta lo que considero que es un verdadero torpedo a la línea de flotación de cualquier democracia y, en su afán de satisfacer las necesidades del ejecutivo, determina que no se podrá investir al candidato “sin la pertinente autorización judicial”, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión.

El despropósito es descomunal.

¿No les llama la atención que el gobierno español reconozca públicamente sus llamadas al TC? ¿No les alarma que éste acomode sus agendas a las necesidades y perentoriedad que le impone el poder ejecutivo? ¿No les produce desazón alguna cuando los medios afines al régimen anuncian lo que hará, o dejará de hacer, la Audiencia Nacional o el juez instructor del Tribunal Supremo, aún antes de que éstos hayan tomado declaración a los acusados? ¿No les provoca rechazo que el Ministro de Justicia, por ejemplo, anuncie resoluciones o calendarios de la Audiencia o Tribunales, sin que éstos se hayan todavía manifestado? ¿No les produce sonrojo que determinados jueces dicten hoy resoluciones en contra de sus propios dictados doctrinales, sólo para satisfacer al gobierno en su lucha contra el “proceso catalán”? A mí, sí.

Porque todo lo dicho pone en evidencia que no hay separación de poderes en España. Y si no hay separación de poderes no hay estado de derecho. Y si no hay estado de derecho no existe verdadera democracia.

En cambio, lo que sí existe es un caldo de cultivo perfecto para la prevaricación. Las ambiciones mal manejadas de prosperar política o profesionalmente; la fidelidad mal entendida; el servilismo; el ansia de hacer méritos; el pánico a perder lo que uno tiene; el simple miedo; la pérdida de perspectivas; la mediocridad; la amenaza soterrada …; todos son factores que ayudan al gobierno a impedir sistemáticamente la independencia judicial en determinados niveles.

Porque todo esto ha ocurrido y sigue ocurriendo. El Estado, y su gobierno, tienen un problema político en Cataluña y, en lugar de resolverlo política y democráticamente, han instaurado conjunta y solidariamente el mantra del “a por ellos”. Y, efectivamente, en ese mantra cabe todo. Y algunos de quienes están en las cúpulas judiciales e institucionales se han puesto a la disposición de quien gobierna, tanto para “afinar” lo necesario (el ministro Fernández Díaz dixit) como para adecuar las decisiones a las necesidades políticas del gobierno. Y eso tiene un nombre: prevaricación. Y sí, hay alguien prevaricando.

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Abogado, socio fundador, en el año 1975, del despacho de abogados Bufet Jordi Domingo de Barcelona. Graduado en la Universitat Central de Barcelona y miembro del ICAB. Más de 43 años de experiencia en derecho civil, mercantil, internacional y procesal. Muy activo políticamente en la oposición al franquismo. Participó en el proceso de la Transición Española en comisiones de ayuda parlamentaria. Fue colaborador activo de la Escola de Pràctica Jurídica (ICAB); la Universitat Central de Barcelona y el Center for International Legal Studies (Salzburg). Fundó, en el año 1989, el primer despacho español en Moscú y desarrolló una estrecha relación con la Unión Europea. Ha colaborado en el desarrollo de proyectos empresariales a nivel internacional y, en especial, en países de economía emergente. El Bufet Jordi Domingo fue colaborador de Naciones Unidas y miembro del Centro de las Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio y Desarrollo del Comercio Electrónico (UN / CEFACT). Es miembro originario, y portavoz, de la plataforma Constituïm que elaboró -con la participación activa de más de 3.500 personas- un proyecto de constitución para la República catalana que fue librado al Parlament de Catalunya en mayo de 2016, como herramienta de debate y reflexión. Es miembro, también, de la Coordinadora d’Advocats de Catalunya.

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