Algo está pasando en la Fiscalía de Castilla-La Mancha. Y sospechosamente todo tiene que ver con la posible comisión de delitos urbanísticos. La última ha obligado a la Fiscalía General del Estado al relevo del fiscal de Medio Ambiente de Toledo, José Muncharaz, por una “falta grave” por dilación indebida tras haber demorado durante 14 meses un informe en el caso de supuesta corrupción urbanística en Talavera de la Reina conocido como el “Caso Palomajeros Golf”. A Muncharaz, que ha sido sustituido por la fiscal de la Audiencia Provincial de Toledo, Montaña Díaz Fraile, se le ha impuesto, además, una sanción de 1.500 euros.

El asunto es uno de los presuntos casos de corrupción denunciados por la asociación Ecologistas en Acción en la provincia de Toledo entre los cuales se encuentra la posible construcción irregular de una finca que pertenece al ex ministro de Defensa, Eduardo Serra. En 2010, la Fiscalía Provincial de Toledo presentó una denuncia contra dos funcionarios del Ayuntamiento de Navalcán, acusándoles de un presunto delito de prevaricación por dar licencia para edificar una mansión en una zona rústica y protegida. Esta licencia fue concedida a la compañía Esersa, controlada, entre otros, por Eduardo Serra, que fue ministro de Defensa durante la etapa de Gobierno de Aznar. Un informe solicitado por Ecologistas en Acción a la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio sobre la legalidad de esta construcción señala que está “expresamente prohibido” construir viviendas en la zona donde se solicitó licencia. El alcalde de Navalcán siempre ha manifestado “estar tranquilo” porque, según él, “no se cometió ilegalidad alguna”.

Pero hay más. Los de Ecologistas en Acción tuvieron que dirigirse a la Asociación Independiente de Fiscales para que se les hiciese caso en relación con unos casos de presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en el partido judicial de Talavera de la Reina y que, de momento, le han costado el puesto al juez decano, Fernando Presencia.

No se sabe bien lo que ocurrió en torno a este asunto en el seno de la Fiscalía de Castilla-La Mancha pero lo que sí parece cierto es que la denuncia que enviaron Ecologistas en Acción surtió efecto. El Fiscal-Jefe ordenó la apertura de investigaciones en torno a dos de los casos expuestos por Ecologistas en Acción. El primero de ellos, es la ya descrita construcción de la mansión de Eduardo Serra, en un terreno catalogado como suelo rústico de protección natural (ZEPA y LIC de la Red Natura 2000 y área crítica de especies en peligro de extinción) en Navalcán, en el centro del Valle del Tiétar.

Pero el caso más emblemático, y en el cual se ha insistido por todos los medios, es la construcción de un chalet propiedad del fiscal-jefe de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio Cruz Andrade, “levantado en la zona de policía de un lecho fluvial prohibido por la Confederación Hidrográfica del Tajo, situado en el término municipal de Pepino, a escasos kilómetros de Talavera”. Este hecho fue denunciado, en su momento, por el arquitecto municipal que alertó de un “pelotazo urbanístico bajo la sospecha de sobornos”.

Andrade se ha querellado contra algunos de sus acusadores y contra el juez que inicialmente llevó el caso, Fernando Presencia, ahora apartado de la carrera judicial por el TSJ de Castilla-La Mancha. Dicha querella la instruye su sustituta en el juzgado algo que, cuanto menos, puede llegar a ser considerado irregular.

Y el tercer caso denunciado por Ecologistas en Acción es el que le ha costado el puesto al fiscal de Medio Ambiente. Se trata del “Caso Palomarejos Golf”. La denuncia original ante el juzgado nº 1 de Talavera de la Reina la presentó el sindicato Manos Limpias porque dicho campo de golf no realizaba las más de 8 hectáreas en cesiones correspondientes al cambio de calificación del suelo a zona campo de golf, las cuales no fueron exigidas por la administración competente.

Ahora, tras la sanción al fiscal Muncharaz, las sospechas de incrementan. Algo raro está sucediendo en la Fiscalía de Toledo. Demasiadas coincidencias.

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