“Ya puestos que nos quiten las porras y nos den una bandeja con pastelitos para recibir a toda esta gente”, asegura un guardia civil enojado que hizo frente a los 800 subsaharianos que trataron de saltar la valla de Ceuta el pasado jueves. El agente, que prefiere mantener su nombre en el anonimato por miedo a represalias del alto mando, asegura en una conversación con Diario 16 que tras la última crisis migratoria en la ciudad autónoma la situación se ha calmado un tanto, aunque se muestra pesimista de cara al futuro. “Esto ya ha pasado, pero vendrá otra oleada porque aquí seguimos igual que ayer; y mañana seguiremos igual que hoy. Nadie, ni en Madrid ni en Bruselas, nos hace caso”, se lamenta.

La situación en la frontera sur ha llegado a un punto insostenible y cualquier cosa puede ocurrir a partir de ahora. Dicen que al otro lado de la valla, en territorio marroquí, hay más de 50.000 personas esperando el momento propicio para dar un nuevo salto que les lleve hacia un futuro mejor lejos de la guerra, el hambre y la enfermedad que se ceban con África. “Sí, lo he leído en algún sitio; yo no sé si son cincuenta mil, mil o diez mil, lo que sí sé es que esta valla está preparada para contener a un grupo reducido, no para evitar el salto de mil personas a la vez”, asegura el guardia civil fronterizo consultado por este periódico. Los efectivos que como nuestro confidente tratan de detener lo imposible cada día se sienten desmotivados, abandonados por su propio Gobierno, incapaces de hacer otra cosa que esperar sentados en los puntos de vigilancia hasta que llegue otra multitud dispuesta a dejarse la vida por alcanzar su sueño europeo. Desde hace tiempo la plantilla se siente “indefensa” ante una avalancha humana que ellos consideran “violenta” y contra la que no pueden reaccionar, ya que ni siquiera se les permite hacer uso de los medios antidisturbios que se utilizan en este tipo de situaciones. “Los tenemos prohibidos desde que se ahogó aquella gente del Tarajal”, recuerda, “ahora solo nos queda aguantar el chaparrón, que no nos caiga una pedrada en la cabeza ni nos corten una mano con una sierra radial”. El guardia dice que en el último salto registrado el jueves, uno de los más virulentos que ha visto, había gente armada con todo tipo de herramientas: lanzas, palos, machetes, cuchillos, cal viva, líquidos abrasivos y hasta improvisados lanzallamas. Horas después del encontronazo con los subsaharianos, algunos efectivos de la Guardia Civil aún siguen con problemas de visión y respiratorios. “Esto es una invasión en toda regla que no se resuelve con palabras buenistas. Por aquí ya no solo quiere entrar el inmigrante que busca una vida mejor en España, como ocurría antes. Ahora nos llega de todo, ya nos iremos dando cuenta en los próximos años”, vaticina. La Guardia Civil ha confirmado esta versión a través de un comunicado en el que asegura que algunos de los migrantes interceptados el jueves portaban herramientas para cortar las mallas de protección exterior e interior como “radiales eléctricas, cizallas y mazos”, así como cócteles molotov y cal viva.

“Ya puestos que nos den bandejas con pastelitos para recibirlos cuando lleguen”, asegura un guardia civil enojado

Al último episodio en Ceuta se une la polémica de las devoluciones en caliente tras las detenciones de los inmigrantes. Aunque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado ante los micrófonos de la Cadena Ser que la Guardia Civil esté recurriendo a este método expeditivo para aliviar la situación en las ciudades autónomas, algunas cadenas de televisión han captado imágenes en las que puede verse a agentes arrastrando a migrantes y conduciéndolos al otro lado de la frontera.  Marlaska ha asegurado que esas personas no habían pisado suelo español, por lo que no puede hablarse técnicamente de devoluciones en caliente. “Nosotros ya no sabemos lo que es suelo español y lo que no, ni si las devoluciones son en caliente, en frío o templadas; solo hacemos lo que podemos ante una situación que nos desborda”, explica el agente entrevistado.

El malestar en la plantilla de la Guardia Civil de frontera va en aumento. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organización de corte sindical que defiende los derechos de los funcionarios del cuerpo, ha instado en un reciente comunicado al Ministerio del Interior a que se pronuncie sobre las “devoluciones en caliente que tan poco respetuosas son con los derechos humanos y con los propios inmigrantes, y que no ayudan a los agentes a la hora de realizar nuestro trabajo día a día en el perímetro fronterizo para que contemos con una mayor protección jurídica en la labor diaria que realizan en los pasos fronterizos”.

Para AUGC, tales devoluciones inmediatas no cumplen con la legalidad, puesto que el territorio nacional español comienza una vez que el inmigrante pone pie en él. Según la asociación, cuando una persona logra sortear la valla en primer lugar hay que someterlo a un reconocimiento médico y acto seguido identificarlo para que sea “deportado a su país de origen con todas las garantías jurídicas de seguridad y dignidad”. En última instancia, AUGC apela al Gobierno para que trate de minimizar el “riesgo para la integridad física de inmigrantes y guardias civiles”. AUGC insistió en la necesidad de aumentar el número de policías, así como los medios y la instalación de cámaras detectoras de movimiento de anticipación. “También es necesaria la adquisición de vehículos con plataformas elevadoras que den seguridad a los agentes que necesiten subir a la valla en el caso de que se acceda a la parte alta de la misma. Es decir, medidas dirigidas a contener la entrada de los inmigrantes, pero que no les dañen físicamente”.

También las oenegés que trabajan en la zona se ven desbordadas cada verano, precisamente la época del año en que se producen más entradas de inmigrantes en España, bien en patera o sorteando la valla fronteriza. En el dispositivo que Cruz Roja puso en marcha el pasado jueves para atender a los 800 inmigrantes del último salto a la valla de Ceuta participaron 50 voluntarios, 4 ambulancias, 2 vehículos de transporte y otros dos de coordinación. Isabel Brasero, portavoz de Cruz Roja en Ceuta, asegura a Diario 16 que los voluntarios de esta oenegé están “acostumbrados a ver saltos masivos” en la frontera con Marruecos y recordó que no es la primera vez que un grupo numeroso de casi mil personas trata de escalar la valla a toda costa. Así, en febrero de 2017 casi 500 personas consiguieron sortear la verja por la frontera del Tarajal. Brasero declinó valorar qué grado de tensión por la presión migratoria se vive en las últimas horas en la valla y recordó que “nosotros nos limitamos a cumplir con nuestro trabajo”. Cruz Roja ha atendido a más de 132 lesionados, en su mayoría heridas superficiales, contusiones y alguna que otra fractura. Todos los interceptados fueron conducidos a diversos centros sanitarios y quedaron en manos de la Policía, que los identificó y los trasladó al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denunció durante la presentación de su informe sobre la Frontera Sur 2018 que en lo que va de año el número de personas fallecidas cuando intentaban acceder a España ha  aumentado un 150%. Por ello se ha reunido con los diferentes grupos políticos y ha registrado una propuesta de iniciativa parlamentaria reclamando vías legales y seguras que impidan que estas “cifras inhumanas” se sigan produciendo. Para la asociación, el acceso legal a España es un mecanismo que debería contemplarse en las políticas migratorias y de fronteras, lo que garantizaría menos muertes, menos riesgos, menos tráfico de seres humanos, menos vulneraciones de derechos humanos y menos sufrimiento”.

Para Amnistía Internacional, Ceuta y Melilla es un “territorio sin derechos” para personas migrantes y refugiadas. Además, la oenegé pide que el Gobierno español exija a Marruecos que retire las concertinas instaladas en su territorio. La organización recuerda que, tal como indican los principios básicos sobre el empleo de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, España y Marruecos deben tratar de evitar la aplicación de medios que puedan ocasionar lesiones.
Asimismo, la organización ha señalado que es necesario que se establezcan rutas legales y seguras para evitar que las personas refugiadas tengan que arriesgar su vida en el mar, saltando las vallas o cruzando hasta la Península en pateras y en los bajos de los camiones.

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