Ni es histórico ni es un pacto de Estado ni los firmantes han hecho todo lo posible para que la lacra del terrorismo machista sea ni tan siquiera considerada un problema de terrorismo con una media terrorífica de víctimas y feminicidios anuales que, lejos de cesar, incluso se incrementa. Desde 2003, casi un millar de mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o ex parejas en una media anual espeluznante de 53 asesinadas. Ni por rendir honor a ellas los políticos de este país han sido capaces de llegar al máximo esfuerzo y se han conformado con un acuerdo de mínimos por razones que no están muy alejados del partidismo más puro y duro.

Basta subrayar aquí el dato estadístico más lacerante que rige lo que va transcurrido de 2017: al menos 32 mujeres y seis menores han sido asesinados por sus parejas, ex parejas o progenitores. Los criminales machistas han dejado también 16 huérfanos menores de edad. Lejos de mejorar estas alarmantes estadísticas, 2017 es un infierno mucho peor que el registrado en el mismo periodo durante los últimos años. Probablemente este y no otro haya sido el verdadero motivo que ha hecho a los diputados verse obligados a cerrar cuanto antes un acuerdo de mínimos antes de que la sociedad siga elevando su voz contra la inacción de la clase política en general ante uno de los problemas más graves de este país, según recoge en sus estudios periódicos el propio Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dependiente del Gobierno.

La rúbrica unánime de los diputados contra el terrorismo machista ni siquiera considera como tal esta lacra

Y todo ello pese a que, mientras las denuncias de maltratadas se incrementan en los juzgados de toda España año tras año y los índices de víctimas no creídas por los jueces se mantienen en niveles alarmantes e incluso indecentes, los partidos firmantes del pacto alardean de que durante los próximos cinco años se luchará contra esta violencia con una lluvia de mil millones de euros, que servirán para aplicar 200 medidas que refuerzan la Ley Integral contra la Violencia de Género aprobada en 2004 por el ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Ni siquiera los seis meses de trabajo empleados por los diputados para implementar estas 200 medidas de lucha contra la violencia machista, ni tampoco las opiniones vertidas en las 66 comparecencias de expertos en la subcomisión del Congreso han sido suficientes para cerrar un verdadero pacto de Estado, muy alejado de este acuerdo de mínimos, como lo han calificado buena parte de las formaciones firmantes, como PSOE, Unidos Podemos o Compromís.

Reunión de la subcomisión del Congreso que firmó el acuerdo de mínimos este lunes.

Es un “acuerdo de mínimos”, según la diputada de Podemos Ángela Rodríguez, porque, pese a que no incluye la totalidad de las violencias contenidas en el Convenio de Estambul aunque España lo haya ratificado hace ya tres años, tampoco se otorga el mismo tratamiento a todas estas violencias ni el acceso a las prestaciones se da en igualdad de condiciones a todas las víctimas, con lo que el acuerdo de mínimos lleva implícito una aplicación de dos velocidades para, al menos, dos categorías de maltratadas, de primera y de segunda clase.

El pacto aplicará dos velocidades para maltratadas de primera y de segunda clase

Es un acuerdo de mínimos y no un grandilocuente Pacto de Estado porque los mil millones que recibirán las distintas administraciones públicas para luchar durante los próximos cinco años contra la violencia machista ni siquiera se sabe cómo ni quién ni qué partidas concretas irán para qué cometido ni cuándo.

Otro detalle importante que es importante no olvidar: el PP, que hace solo tres años no quiso saber nada de un pacto de Estado contra esta lacra es ahora la formación que alardea con más vehemencia y profusión en los medios y la que más énfasis y mayúsculas coloca en lo que lleva anunciando desde hace días como un Pacto de Estado, cuando ni siquiera estaba cerrado en su totalidad hasta la noche de este mismo lunes.

En este sentido, el guadianesco dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, ha recordado en las redes sociales este martes que fue el PSOE el que en 2014 propuso este pacto. “Al final lo hemos conseguido”. Con esta declaración, el político socialista más bien parece ansiar que su partido se cuelgue la medalla en solitario que tanto empeño está mostrando en ponerse sobre los hombros el PP durante estos últimos días de anuncios de preanuncios de anuncios del Pacto de Estado. De ahí que el PSOE se sume ahora a otras formaciones de izquierdas como Podemos o Compromís en calificar de “acuerdo de mínimos” lo que en general en los medios se está vendiendo como Pacto de Estado sin tapujos.

Y ahora que este dictamen ya está cerrado a falta del toque final el próximo viernes 28 en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, se aprecia que buena parte del documento acordado ahora en 2017 por los diputados ni tan siquiera satisface las demandas que desde el pasado 1 de agosto de 2014 rigen tras la entrada en vigor en España del denominado Convenio de Estambul, elaborado por el Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, sellado en Estambul el 11 de mayo de 2011.

Este acuerdo de mínimos tampoco ha podido lograr que las víctimas no puedan retratactarse de sus denuncias ni que la justicia inicie un proceso pese a la marcha atrás de la denunciante, una realidad que a día de hoy impide que muchos maltratadores sean juzgados y condenados.

Algo que sí se ha logrado por las formaciones políticas en la Cámara Baja es el reconocimiento de víctimas a mujeres que no hayan denunciado en los juzgados. Este reconocimiento se podrá hacer a través de sentencias que corroboren que la mujer ha sufrido cualquiera de las formas de violencia recogidas en la ley de protección, o con una resolución judicial, informe de la Fiscalía, atestado policial, o informe médico o psicológico.

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