Agricultura ha tardado seis meses en dar el visto bueno al recurso contra la sentencia del juzgado nº19 de Lo Social de Madrid en la que se ordena a la empresa pública Acuamed la readmisión y la indemnización de 90.000 euros de una de las ingenieras que denunció los hechos que han provocado la investigación por parte de la Audiencia Nacional de sus directivos en un fraude que le ha costado al erario público unos 700 millones de euros según los datos manejados por el instructor, Eloy Velasco. El Ministerio que dirige Isabel García Tejerina, pide a los jueces de la Audiencia Provincial encargados de resolver el recurso que “dejen al margen de la causa laboral la investigación que se instruye en la Audiencia Nacional” precisamente por las irregularidades en media docena de obras millonarias.

La implicación del Gobierno en el Caso Acuamed no parece haberse terminado a pesar de que el juez Velasco, en auto reciente, decidió desimputar a los altos cargos inicialmente investigados. El Ministerio de Agricultura se ve envuelto en un nuevo escándalo debido a los argumentos presentados por los servicios jurídicos para recurrir la readmisión de una de las ingenieras que destapó una de las seis irregularidades en concepto de pagos de sobreprecios no justificados.

Acuamed insiste en el despido de la ingeniera García Ballesteros porque “cometió irregularidades”, según las conclusiones a las que llegó un denominado “comité interno” creado por el propio consejo de administración de Acuamed compuesto por los imputados en la Causa de la Audiencia Nacional, unos días después del estallido del escándalo. Dicen en las alegaciones que García Ballesteros cometió “errores en la programación del presupuesto”, precisamente en una de las operaciones que la ingeniera denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, las obras de descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona. Operación que dio origen a la investigación de la Audiencia Nacional.

En el recurso, Acuamed se queja de la indefensión a que fueron sometidos durante el juicio oral por el despido los dos principales acusados: el director general, Arcadio Mateo, presunto cabecilla de la trama, y la “número dos” de la empresa, Gabriela Mañueco.

Ambos tuvieron que declarar mediante videoconferencia por encontrarse en la cárcel por orden del juez Velasco. En las alegaciones se dice que, a pesar de dicha declaración, “no pudieron ejercer su derecho de defensa al no poder llevarse a cabo un careo sobre las diferentes versiones de los hechos”.

Los servicios jurídicos de la empresa pública rechazan, también, los argumentos esgrimidos en la sentencia donde se citan los efectuados por el instructor de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, el cual llegó a señalar, en un auto, la existencia de “presiones para imponer en Acuamed procederes irregulares, con actuaciones perjudiciales (destituciones y remociones de sus cargos) para el personal probo que no se prestaba a esos manejos”, en clara referencia a las dos ingenieras despedidas.

De hecho, según la empresa dependiente de Agricultura, actuaciones como la de su antigua empleada son las que “arruinan, pero no incomodan”, mientras que “el hurto, el robo, la prevaricación, la malversación… incomodan pero no arruinan”. Un razonamiento que le sirve a Acuamed para pedir que la “posible corrupción” que dio pie al sumario de la Audiencia Nacional quede “al margen” del procedimiento.

Fuentes jurídicas destacan un hecho relevante a la hora de evaluar este polémico recurso. Fue confeccionado por los servicios jurídicos de Acuamed en donde se encuentra Juan García Cuenca, uno de los imputados, que se negó a declarar ante la Guardia Civil y ante el juez Andreu.

Pero no sólo eso. El secretario de Estado de Medio Ambiente, de quien depende la empresa pública, Pablo Saavedra, siempre defendió los despidos de las dos ingenieras que denunciaron las irregularidades señalando que se habían hecho correctamente “en tiempo y en forma”.

El despido de la segunda ingeniera denunciante se verá en el juzgado de Lo Social nº 20 de Madrid en los próximos días.

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1 Comentario

  1. Osea, estos tipos dicen: Que hay que dejar al margen del juicio el acoso a las personas honradas y como los chorizos patrios usan nuestras empresas fomentando la corrupción. Perdón, pero no. Ambos despidos forman parte directa del mismo caso de corrupcion, son agravantes. Y las dos ingenieras deberían ser premiadas por su honradez

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