El general Espartero dijo, o algún coetáneo pensó que era capaz de afirmarlo, lo cual en términos históricos y políticos es lo mismo, que había que bombardear Barcelona cada cincuenta años para mantenerla a raya. Y Manuel Fraga Iribarne, fundador junto a otros ministros de Franco, de lo que hoy es el Partido Popular, repetía –Jorge Verstrynge lo proclama a quien quiera escucharlo- que los reyes los ponía Madrid porque Cataluña era tierra conquistada. La derecha mesetaria siempre le ha tenido ojeriza a Cataluña y ha segregado sus peores anticuerpos hacia un territorio al que ha considerado digno de su pertinaz beligerancia. En los breves períodos históricos en los que España se ha constituido en una auténtica democracia siempre se entendió que ésta no era posible si Cataluña no disponía de autogobierno. Algo que nunca resultó legible para el más rancio conservadurismo español empeñado en la autoritaria prestidigitación de intentar que el territorio del otro lado del Ebro se disolviera en una indiferenciada unidad de destino en lo universal. Sin embargo, la democracia en España es incompatible con el Estado unitario. Como afirma el constitucionalista Javier Pérez Royo, los nacionalismos catalán y vasco no pueden competir con el nacionalismo español desde la perspectiva del poder constituyente por razones puramente demográficas, pero la existencia de dichos nacionalismos no permite que el pueblo catalán y el pueblo vasco puedan diluirse en el pueblo español, como lo hacen el pueblo andaluz, castellano-manchego, aragonés etc.

Esta incomprensión en términos políticos del problema catalán no es algo sobrevenido en el PP, nunca lo ha entendido, o mejor dicho, nunca ha querido entenderlo. Desde que se inició el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña en 2005, comenzó un ataque frontal contra la Comunidad Autónoma de Cataluña, que ha acabado destruyendo la fórmula de integración de la nacionalidad catalana en el Estado español prevista en la Constitución de 1978. Por ello, la suspensión de la autonomía de Cataluña y la consiguiente exclusión del nacionalismo catalán del sistema político destruye el equilibrio con base en el cual se construyó y se ha desarrollado el Estado de las Autonomías. El recurso al artículo 155 es la constatación de esta destrucción. La Cataluña que se expresó a través de la reforma del Estatuto de Autonomía no tiene cabida en la Constitución de 1978 en la interpretación que el PP hace de la Constitución, que, desgraciadamente fue hecha suya por el Tribunal Constitucional. El problema surge cuando el Estado – o, si se quiere, el concepto ideológico del Estado- no acaba de compadecerse con las estructuras que deberían constituirlo, como es la plurinacionalidad, y sigue actuando con una lógica y unos tropismos de Estado unitario.

La actitud del Partido Popular y sus circunstanciales aliados, entre ellos incomprensiblemente el PSOE de Pedro Sánchez, es de una gravedad severa en términos políticos e históricos. Ante un desafío de tal envergadura, el Gobierno ha optado por utilizar al fiscal general del Estado como comisario político con el objetivo de amenazar con la prisión y aplicarla en el caso de los dos principales líderes de la movilización independentista. Siempre que la tensión política ha aumentado al límite, el fiscal general Maza ha filtrado a los medios de comunicación su intención de utilizar los delitos de sedición, primero, y después de rebelión para ir contra los responsables de un desafío que es obviamente político. Es decir, se ha reducido el problema a una cuestión de orden público para tratar al adversario político como un delincuente.

Pero el verdadero problema es más grave aún ya que puede suponer la absoluta degradación democrática del régimen político mediante la “catalanización” de la diferencia ideológica y la criminalización del discrepante político. El ex ministro de Sanidad y presidente del PP del País Vasco, Alfonso Alonso, ha advertido de que Euskadi dispone de “todos los ingredientes” para llegar “a la misma situación” que Cataluña. Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha realizado la misma amenaza al ejecutivo regional de aquella comunidad. Es obvio que el Partido Popular ha optado por una peligrosa vía restrictiva, cuando no represiva, de la vida pública y una drástica minoración de su formato polémico mediante la negación del acto político sustituido por los procedimientos policiales y judiciales, la “aplicación de la ley.”

Se trata, sin duda, de un proyecto global de reordenación del régimen del 78 a la baja. La degradación del mundo del trabajo y los derechos laborales, la limitación a las expresiones del malestar ciudadano, con una legislación sumamente restrictiva como la llamada “ley mordaza” suponen un escenario general muy preocupante para la calidad democrática, teniendo en cuenta que se están delineando escenarios donde el ciudadano en todas sus vertientes, como individuo, como trabajador, como miembro de una comunidad está perdiendo capacidad de decisión. Y, sobre todo, no habrá posibilidad de alternativa política que no esté bendecida por los poderes fácticos. En realidad, lo que padece España, o el Estado español, es una crisis de poder, no por la morosidad o timidez de este poder, sino todo lo contrario, por su contundencia en la desigual asunción como universales y, por tanto, generales de la nación de los intereses de las minorías estamentales y económicas. Una desviación que procede de la carencia histórica de una definición de los límites y contenidos del poder en el postfranquismo para reconstruirlo desde identidades democráticas. Esta falta de titularidad por parte de la ciudadanía del poder político es lo que supone que para el régimen establecido las libertades y derechos sean concesiones y lo que es concedido se puede retirar.

 

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