Hablar de justicia en España –con minúscula–, tiene plena vigencia. Se han producido incongruencias, paradojas y aberraciones judiciales. Justicia es lo que dice que es justicia la mayoría de los miembros de un tribunal y la tan deseada y necesaria independencia judicial no se da, en una justicia politizada bajo los umbrales de lo partidos. Vean la insistencia de los magistrados López y Espejel, para participar en los juicios de la Gürtel y otros, en los que el Partido Popular está implicado.
En la apertura del año judicial, Jueces para la Democracia ha pedido un pacto de Estado por la justicia y garantizar la independencia judicial. A estas alturas, pedir la independencia judicial, es mostrar la verdadera cara de la cuestión. No hay independencia. También denuncian la grave situación que atraviesa la administración de justicia, por la falta de un proyecto político claro, valiente y definitivo que afronte todos y cada uno sus problemas y deficiencias endémicas. Hasta cinco años tardan los jueces en dictar sentencia sobre accidentes laborales.
Por su parte, la Fiscal General del Estado, ha resaltado, en su presentación de la Memoria de la Fiscalía 2015, su intención de combatir el «desafío» soberanista, ante el Tribunal Constitucional y ante los órganos jurisdiccionales, para defender la Constitución, mientras la corrupción preside la apertura del año judicial. Aquí cabría la pregunta que el Diputado por ERC, Gabriel Rufián, lanzó a Rajoy: ¿Por qué su Constitución vale para amenazar a un pueblo y no para darle techo?. Demasiada invocación a la Constitución para asuntos alejados del pueblo y poco para defender derechos, libertades y servicios públicos esenciales, como es la administración de justicia, que debe regirse bajo los principios de eficiencia, eficacia y calidad, servicio «clave y trascendental en la vida política y jurídica de un país que se autotitula como Social y Democrático de Derecho».
Que la justicia no es igual para todos ni se utiliza la misma vara de medir, no es novedad. El poder hace la ley y quién hace la ley, ya se sabe, hace la trampa. Unos salen de la cárcel, tras pagar millonarias fianzas o los Carceller, que negocian con la Fiscalía un pago millonario para eludir la cárcel. Otros entran por manifestarse defendiendo sus derechos o los condenan a cinco años de prisión, por utilizar una tarjeta de crédito falsa, por 79,20 euros. Algunos populares y poderosos ni entran, ni se les investiga y otros pobres pasan años en prisión por delitos considerados menores. Me río yo sobre que sería de mi, si estuviera implicado en tantos supuestos delitos como lo está el partido en el Gobierno ahora en funciones: Asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, contra la Hacienda Pública en concurso con falsedad continuada, delito electoral continuado, estafa en concurso con falsedad en documento mercantil, falsedad contable, fraude a las administraciones públicas, malversación, prevaricación y tráfico de influencias (Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, Sesión de investidura 31 de agosto)
Pero no son estas incongruencias, paradojas y aberraciones jurídicas a las que quiero referirme, hay más y con un grado de tragedia que todavía hoy conmueve. En 1939 el nuevo régimen de Franco promulgó, por decreto, la Ley de Responsabilidades Políticas, con objeto de dirimir las responsabilidades durante la guerra civil y la república. Con esta ley se legitimaban las multas, los embargo de bienes, los destierros, la pérdida de la nacionalidad española; y con las restricciones de empleo, una purga generalizada en el mundo laboral, profesional y funcionarial en la posguerra.
La Ley tipificaba como punibles los actos y omisiones de quienes hubieran colaborado con la Segunda República Española y participado en la llamada Revolución de Asturias en 1934. Esta ley estuvo vigente hasta 1969, fecha en la que prescribieron todos los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939. Se mantuvieron las inhabilitaciones y prohibiciones contra todos los líderes del exilio republicano hasta la muerte de Franco.
La represión contra los vencidos en la guerra, fue complementada por la Ley sobre la Represión de la Masonería y del Comunismo, al considerar que el comunismo y la masonería (y el judaísmo) eran responsables criminales de la decadencia de España, que culminaban «con la terrible campaña atea, materialista, antimilitarista y antiespañola». Con esta ley se institucionalizaba la caza del comunista y del masón.
La Causa General instruida por el Ministerio Fiscal sobre la «dominación roja» en España, fue promulgada mediante decreto en 1940 y constituyó otro instrumento represor. Se abría un proceso de investigación, que afectaba a la ciudadanía en general, con el objeto de instruir «los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja». Todos mezclados: socialistas, comunistas, anarquistas, separatistas, masones, ateos y republicanos. La sin razón del fascismo vencedor.
En Derecho penal rige el principio de irretroactividad, que busca la protección, evitando que se pueda sancionar a posteriori, actos que cuando fueron realizados no estaban prohibidos. En el régimen del dictador este principio no se aplicó, sino todo lo contrario. En 1939 se criminalizó y castigó a cualquier individuo que hubiera prestado su apoyo al bando republicano desde 1931, a los rebeldes izquierdistas de1934, y a todos aquellos que no se hubieran sumado a su «alzamiento nacional» contra el marxismo.
El régimen entendía que haber formado parte de algún sector productivo o realizado algún tipo de ocupación durante la República, era suficiente como para haber podido ser colaborador con la «rebelión». Así, los soldados de reemplazo, los conductores de tranvías, funcionarios, maestros o directivos de empresas, podían ser potencialmente culpables. Todo, consecuencia lógica de un sistema de justicia penal invertida.
La dictadura subvirtió el sentido de la acción, rescatando los delitos de adhesión, auxilio o adhesión a la rebelión militar, contra aquellos que se mantuvieron leales al régimen democrático legalmente establecido, frente a los golpistas que se levantaron contra la República. Todo un absurdo legal; un castillo legal prefabricado donde la justicia se aplicaba sobre el odio y la venganza.
La Constitución de 1978 no expulsó expresamente estas normas del sistema jurídico. La Ley de Amnistía de 1977 y la llamada Ley de Memoria Histórica del 2007, han venido a garantizar la impunidad de los crímenes franquistas.
Los procesos que se abrieron bajo la jurisdicción franquista están archivados, pero la memoria sigue abierta. Los investigados, inculpados, procesados y condenados por tribunales especiales y leyes de excepción, no han recibido la justa reparación.
