No voy a descubrir nada  si afirmo que las normas en este país son muchas, malas y contradictorias. Tenemos la sensación que se legisla mal a propósito por la pésima calidad técnica que las leyes tienen. El artículo 9.3 de nuestra Constitución garantiza, entre otros principios, la jerarquía normativa y parece ser que los responsables de la Agencia Tributaria por medio de una instrucción interna han ignorado este principio constitucional.

Les pongo en antecedente. El Real Decreto-Ley 3/2016, eliminó la concesión de aplazamiento o fraccionamiento de tributos como el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo que el contribuyente justificara que las cuotas repercutidas no hubieran sido pagadas. Esto último sólo se exige, si el trabajador autónomo solicita un aplazamiento/fraccionamiento superior a 30.000 euros, y no para importes inferiores, modificando la redacción del  artículo 65.2.f) Ley General Tributaria. Claramente, de un plumazo, la norma elimina la posibilidad de  fraccionar la deuda.

El pasado 20 de enero de 2017, la Agencia Tributaria publica en su web una “nota informativa” contradiciendo el Real Decreto-Ley, dando las instrucciones para que el trabajador autónomo pueda fraccionar deudas inferiores a 30.000 euros. ¿Qué validez normativa tiene una instrucción de la AEAT? ¿No se han parado a pensar que la nota vulnera lo recogido en el artículo modificado de la Ley General Tributaria?.

Lo grave, es que el próximo 30 de enero concluye el plazo para pagar el IVA y la solución dada por Hacienda está generando confusión, desconcierto e inseguridad jurídica.

Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tendrá que comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso para dar una explicación de esta mamarrachada. El dicho de que en este puñetero país las leyes se hacen para que no las cumplan nadie queda evidente, hasta la propia Administración Tributaria, se contradice a sí misma y pasa de cumplir lo legislado días antes.

Vivimos bajo el gobierno de los mediocres, algo que no es nuevo y viene de muy atrás, más preocupados por el titular en los medios de comunicación que por garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Hoy, una vez más, el gobierno de turno, y a estas alturas sobran los colores, demuestra que su imprecisión oportunista por legislar deja indefenso, nuevamente al colectivo de trabajadores autónomos de este país. Mientras se acerca el último día para cumplir con la obligación tributaria, muchas/os autónomos/as, ante la inseguridad, han recurrido a microcréditos que, como aves de rapiña, ofrecen las entidades bancarias.

Semanas atrás, plasmaba en un artículo la reflexión, que me hacía el dueño del ultramarino de mi barrio, “el autónomo, la última mierda” cansado de tanta presión fiscal, trabas e incertidumbre en el cobro de las pensiones. Nada más lejos de la realidad, podemos afirmar a día de hoy que al gobierno del Señor Rajoy le importamos un carajo.


“Cuánto más corrupto es el estado, más leyes tiene”. Tácito.

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