Que un político de relevancia en los últimos años, alcaldesa que ha sido durante nada menos que veinticuatro años de una de las grandes ciudades españolas, apele muy solemne en el trance en el que está inmersa a su condición senatorial y a la propiedad personal (no partidista) de su escaño, no deja de ser un síntoma de mala educación y de grietas más que importantes en nuestro entramado institucional que de seguir así corre riesgo de convertirse en chiringuito de alterne barato al que todos vamos a terminar por perderle el respeto. El Senado es sin duda el caso más sangrante de cómo se está prostituyendo una cámara en teoría de representación territorial.

Porque ciertamente la ley ampara a Rita Barberá cuando no cesa en su condición de senadora al ser ella la “propietaria” de un puesto representativo por designación autonómica (en este caso del parlamento de Valencia) y no el partido al que, a pesar de todo, afirma “estar entregada” hasta en el momento último de la petición de la baja (la semana pasada) para así “evitar, -escribió en el comunicado en el que lo explicaba-, que nadie se ampare en mí para responsabilizarme de cualquier perjuicio o para esconder sus resultados políticos o electorales”. Una puya, por cierto, dirigida directamente a Mariano Rajoy.

La ley le ampara pero no el sentido común y la decencia porque con mucha más fuerza podría haber reclamado Rita Barberá la propiedad de su escaño si en algún momento hubiese roto la disciplina de voto partidista para defender los intereses valencianos en contra de los criterios de un senador de su propio partido designado por el parlamento de Castilla-La Mancha, pongamos por caso. Asuntos hay y muchos en los que las autonomías entran en conflicto, y esa cámara está ahí para llegar a acuerdos comunes desde los diferentes intereses territoriales.

Lo de Rita Barberá es un ejemplo ilustrativo de cómo están de mal organizadas nuestras instituciones y como en los trances finales de una carrera política se saca a relucir aquello que no se ha ejercido jamás: la representación de unos intereses (de un territorio en este caso). No se ha ejercido esa representación porque se ha sacrificado en el altar antidemocrático de la férrea disciplina de partido que ahora, en cambio, es ignorada para mantener el acta de senadora.

Es una desgracia que nuestros representantes (diputados y senadores) no sean a la postre más que asalariados de las cúpulas de los partidos políticos, calienta-escaños sin otro oficio que apretar el botón invariablemente en el sentido ordenado desde arriba. Y al parecer eso solamente deja de ser así cuando la justicia acecha y viene bien sacar a relucir eso del carácter personal y no partidista del acta.

Es demasiado burdo reivindicar la propiedad de un escaño desde el cual nunca se ha ejercido una independencia política al servicio de los intereses territoriales en virtud de los cuales se está sentado en él.

Quizá ahora lo haga desde ese Grupo Mixto al que se aferra. No sería para menos después del lío que ha montado la que dicen que ha sido la mejor alcaldesa de Valencia. Pero ese es otro debate.

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