Como indultar por un delito de Corrupción, sin indultar, a la vez, la propia corrupción? Muy sencillo el delito de “Corrupción”, no existe en el Código Penal. Por eso, tanto Ruiz Gallardon en su día como Rafael Catalá, en la actualidad siempre han negado que se hayan producido indultos por delitos de “Corrupción”. Evidentemente no existe tal delito; luego no se puede indultar a alguien por un delito que no existe.  

Sin embargo desde hace relativamente poco, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha establecido qué delitos específicos se consideran “corrupción”. Con esta clasificación en la mano, La Fundación Civio ha llevado a cabo la ingente labor de filtrar los datos de todos los indultos concedidos desde 1996 (10.539) y podido constatar lo siguiente: desde 1996, primer año de su análisis, hasta hoy se han aprobado 227 indultos a condenados por delitos de corrupción.

Más de la mitad de esos indultos a corruptos, 141, se concedieron durante el Gobierno de José María Aznar (1996-2004). Dos de sus ministros de Justicia, Acebes (con 77) y Mariscal de Gante (con 60), lideran también la lista de ministros de Justicia que más han indultado en general.

Por detrás, el Gobierno de Rodríguez Zapatero (2004-2011), que aprobó 65 indultos a condenados por delitos vinculados a la corrupción.

Rajoy, desde 2011 hasta hoy, lleva 11.

Los 227 totales se completan con 10 más que aprobó Felipe González durante 1996, el primer año que hemos podido analizar (la estructura de los datos cambia y hace más difícil su extracción automática antes de aquel año).

Estos 227 indultos a corruptos suponen solo una pequeña parte de los más de 10.000 indultos concedidos desde 1996. Pero, si tenemos en cuenta que son delitos en los que se producen muchas menos condenas que en otros más comunes (como delitos contra la salud pública o robos) la perspectiva cambia. Prevaricación y malversación son tercero y cuarto en la lista de delitos con más indultos sobre el número de condenas, con un 1,96 y un 1,62%, solo por detrás de los delitos contra el medio ambiente y aquellos cometidos por funcionarios contra la libertad individual.

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