Fue en 2007 cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó la Ley de Memoria Histórica. Han pasado casi diez años desde entonces y aún sigue sin respetarse lo que en ella se establece. Entre otras cuestiones de vital importancia, esta ley prevé que “la Fundación gestora del Valle de los Caídos incluirá entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió, con objeto de profundizar en el conocimiento de este período histórico y de los valores constitucionales. Asimismo, fomentará las aspiraciones de reconciliación y convivencia que hay en nuestra sociedad.”
El túmulo del Valle de los Caídos fue construido entre 1940 y 1958; su construcción fue ordenada por el dictador Francisco Franco, quien se encuentra en la actualidad allí enterrado (por decisión del Rey Juan Carlos de Borbón) junto a José Antonio Primo de Rivera, el fundador de Falange Española. Pero no están solos: según la información que facilita la web de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, “en total hay enterrados más de 33.200 caídos de ambos bandos según el registro –o más de 50.000, según otras estimaciones más probables- procedentes de toda España (…) No hay separación por bandos, sino que están unos y otros entremezclados”. Esta consideración de “caídos” todos, cuando ya es un hecho probado que en las fosas comunes se enterró a fusilados, o sea, asesinados, a manos de los nacionales es una innegable aberración. Se confirma, según las palabras señaladas, que se ha dado sepultura en el mismo lugar a los verdugos y a sus víctimas, sin ningún tipo de sensibilidad ni miramiento.
Más de la mitad de las personas que allí se encuentran enterradas no han sido identificadas, y según las investigaciones realizadas, más de 500 cadáveres fueron trasladados sin el consentimiento de sus familiares, como sucedió con José Antonio Marco, fusilado por los nacionales en 1936 y trasladado en 1958 al valle.
Para financiar su construcción (1.159.505.687,73 de las antiguas pesetas)
se destinaron fondos sobrantes de la “suscripción nacional”: las aportaciones materiales voluntarias hechas para financiar al bando nacional durante la guerra. Además, se contó con las aportaciones voluntarias y sorteos extraordinarios de Lotería Nacional. Lógicamente la mano de obra no supuso grandes costes económicos, pues fueron principalmente presos en régimen de redención de penas quienes cumplieron condena con el sudor de su esfuerzo en erigir el monumento de sus represores. Esta información contrasta, una vez más, con la facilitada por los gestores del Valle de los Caídos quienes manifiestan que “en las obras de construcción participaron principalmente trabajadores libres y un porcentaje menor, aunque significativo, de presos (…) bajo la dirección de un Patronato Central que recogía las peticiones voluntarias de los presos que deseasen reducir el tiempo de su condena por este medio, además de cobrar un salario igual al de los trabajadores libres del ramo y en el lugar (…), disponiendo de una serie de ventajas (seguros sociales, amplia libertad de movimientos y trato normal con empleados libres, visitas y estancias de familiares, mejor alimentación, etc)”. Incluso aunque se quieran tomar estas afirmaciones como ciertas, como si efectivamente el Valle de los Caídos se construyera con alegría y libertad (siempre según la Fundación que lo gestiona) llaman la atención las explicaciones –más bien justificaciones- peregrinas.
Es llamativo el intento que se hace por justificar la creación del mausoleo como señal de paz, su proceso de construcción “libre de explotación”, así como pretender convencer de que el sentido de su existencia es la convivencia entre los bandos enfrentados en una guerra. Sobre todo cuando se lee el Decreto fundacional del Valle de los Caídos, de 1 de abril de 1940, publicado en el BOE al día siguiente:
“La dimensión de nuestra Cruzada, los heroicos sacrificios que la Victoria encierra, y la trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya, no pueden quedar perpetuados por los sencillos monumentos con los que suelen conmemorarse en villas y ciudades los hechos salientes de nuestra Historia y los episodios gloriosos de sus hijos.
Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido y que constituyan lugar de meditación y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor.
A estos fines responde la elección de un lugar retirado, donde se levanta el templo grandioso de nuestros muertos en que por los siglos se ruegue por los que cayeron en el camino de Dios y de la Patria. Lugar perenne de Peregrinación en que lo grandioso de la Naturaleza ponga un digno marco al campo en que reposen los héroes y mártires de la Cruzada.
Por ello previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO:
Artículo primero – Con objeto de perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra gloriosa Cruzada se elige como lugar de reposo, donde se alcen la Basílica, Monasterio y Cuartel de Juventudes, la finca situada en la vertiente de la Sierra del Guadarrama con el nombre de Cuelgamuros, declarándose de urgente ejecución las obras necesarias al efecto y siéndoles de aplicación lo dispuesto en la Ley de 7 de Octubre de 1939.
Artículo segundo – Los gastos que origine la compra del lugar y la realización de los proyectos serán con cargo a la suscripción nacional, que quedará, en la parte que le corresponda, sujeta a este fin.
Artículo tercero – Por la Presidencia del Gobierno, se nombrará la Comisión o Comisiones necesarias a fin de dar en el menor plazo, cima a esta obra.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el Pardo, a primero de Abril de Mil Novecientos Cuarenta.”
La Ley de Memoria Histórica ha sido incumplida de manera reiterada desde su aprobación (principalmente por el Partido Popular). Duramente criticada por sectores de la derecha española, así como por la Iglesia Católica sigue siendo motivo de confrontación política a día de hoy. Pero no surgió de la nada. Ya en 2006 el Consejo de Europa aprobó por unanimidad la primera gran condena internacional del régimen franquista. Gracias al llamado “informe Brincant” (por el apellido del laborista maltés que se encargó de realizar este trabajo), se instó al Gobierno español a erigir monumentos en memoria de las víctimas del franquismo, y de manera especial, a instalar una exposición permanente en el Valle de los Caídos para recordar expresamente que fue construido por presos republicanos. Se propuso por parte del Consejo de Europa establecer el día 18 de julio como fecha internacional de condena del franquismo. De manera especial se instó al Ejecutivo español a crear una comisión de investigación sobre los delitos del franquismo y presentar un informe al Consejo de Europa a abrir los archivos civiles y militares a los historiadores (la Fundación Francisco Franco se negó rotundamente) a abrir una exposición permanente sobre la represión en el Valle de los Caídos.
La negativa por parte de la derecha y de la Iglesia católica no se hizo esperar, alegando que el Valle de los Caídos no fue concebido para ser un museo de nada, sino un lugar de “retiro espiritual y meditación”.
El relator de la ONU, Pablo Greiff, visitó España en 2014 para interesarse por los desaparecidos republicanos de la Guerra Civil. En su informe al respecto señaló que “el objetivo de resignificar el conjunto del Valle de los Caídos, despojándolo de cualquier connotación ideológica y política antidemocrática y atendiendo a la dimensión moral de la memoria, sólo será posible si los enterramientos se reservan para los restos de las víctimas y los muertos de la Guerra Civil”.
Fue en 2016 cuando el diputado socialista Odón Elorza presentó tres enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado reclamando una partida de 150.000 euros para transformar el Valle de los Caídos en un centro de la Memoria, para lo que sería necesario exhumar los restos de Franco y de Primo de Rivera. Pero no fue su primera acción al respecto: ya en 2013 presentó una proposición no de ley para tal fin. Es evidente que no prosperó.
Hoy, 20 de noviembre, aniversario de la muerte del dictador Franco, como cada año, grupos de franquistas acudirán al Valle de los Caidos, brazo derecho extendido a rendir homenaje a su dictador. Dicho en términos legales, a hacer apología del fascismo, que dicho sea de paso, para el Partido Popular no es delito y así lo manifestó cuando en el mes de octubre de 2013 CIU presentó una moción para acabar con la simbología nazi y totalitaria que incita a la violencia y al odio.
A juzgar por el esfuerzo que realizan desde la derecha española, bien podría decirse que a pesar de aquélla histórica frase: “Españoles, Franco ha muerto”, habría que añadirle que “sí, pero sólo un poco”.
Han pasado 40 años y tidavía seguimos así. ¡Qué vergüenza!