La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, sustituta de Mercedes Alaya, tiene previsto abrir en los próximos días una pieza separada del caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares para investigar las ayudas a varias empresas de la Faja Pirítica de Huelva, en la que estarán incluidas como imputadas más de 200 personas. En este caso concreto, las ayudas fueron cofinanciadas conjuntamente por la Junta y el Ministerio de Trabajo, un apartado que dejó sin investigar Alaya y que Núñez recuperó en su instrucción de esta macrocausa.

En agosto de 2012, el expresidente del PP-A y exdelegado del Gobierno en Andalucía entre los años 2002 y 2004, Juan Ignacio Zoido,  negó la existencia de ningún “intruso” en los cinco ERE realizados en empresas de la Faja Pirítica de Huelva, tramitados por el Gobierno andaluz, pero que contaron con ayudas extraordinarias del Gobierno de la Nación presidido por José María Aznar.

La magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha recibido recientemente un atestado de la Guardia Civil en el que los agentes analizan las ayudas a diversas empresas mineras de la Faja Pirítica de Huelva e imputan a más de 200 personas que recibieron las ayudas para prejubilaciones, algunas de las cuales ya han fallecido. Entre estas empresas se encuentran Río Tinto, minas de Almagrera o mina La Herrería, según han señalado estas mismas fuentes judiciales consultadas por Europa Press, que han precisado que el atestado aportado por la Guardia Civil contiene varios miles de documentos anexos adjuntados en siete cajas archivadoras.

El atestado de la Guardia Civil recoge las cantidades que recibieron en ayudas estas personas para prejubilaciones, en algunos casos con una edad inferior a los 52 años y que compatibilizaron la percepción de estas ayudas con otras como el desempleo. La instructora ha recibido también siete cajas archivadoras que contienen varios miles de documentos anexos, según indicaron las mismas fuentes.

En diciembre de 2013, los peritos aportaron un informe a la juez Alaya donde se confirmaba que entre 2002 y 2010 se concedieron ayudas por importe total de 135,6 millones de euros, de los cuales la mayor parte, 128,8 millones, fueron para los ex trabajadores de empresas mineras de la Faja Pirítica de Huelva (para la financiación de las pólizas de seguro de rentas), y otros 6,7 millones fueron para los ex trabajadores de las minas La Herrería, Río Tinto, Zarza e Insersa, también para la financiación de la póliza de seguro. En la crisis minera de la Faja Pirítica se autorizó un ERE de extinción de contratos para 966 trabajadores de los cuales 687 se acogieron al plan de prejubilaciones.

La Asociación de la Faja Pirítica de Huelva se constituyó el 30 de junio de 2003, como una entidad sin ánimo de lucro, por los representantes sindicales de la Federación de Industrias y Afines de UGT, UGT-Andalucía, CCOO-Andalucía, y la Federación Minerometalúrgica de CCOO, con domicilio social en la sede del bufete de abogados sevillano Estudios Jurídicos Villasís.

Si se suman estos últimos 200 investigados de la minería onubense, el caso de los ERE fraudulentos podría elevar hasta casi medio millar el número de imputados.

 

 

 

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