El artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, afirma que “toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”. Es decir, todos tenemos derecho a unas vacaciones. Que con el buen tiempo, y ya metidos prácticamente en el mes de junio, cada vez están más en el pensamiento de la gente.

Pero, ¿Todas las personas pueden disfrutar de ese derecho a las vacaciones? Desgraciadamente, no. Vivimos, cada vez más, en una sociedad de contrastes, donde la desigualdad se agudiza al mismo ritmo que la insensibilidad hacia lo que le ocurre a la persona que tenemos al lado, sea nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo o nuestro empleado. Si no, observen un ejemplo:

  • Por una parte, en el año 2017, visitaron España 82 millones de turistas internacionales, lo que supone un 8,9 por ciento más que en 2016, una cifra record nunca antes alcanzada. Estos 82 millones de turistas, se gastaron un total de 87.000 millones de euros, un 12,4 por ciento más que el año anterior. Con un promedio de 1.061 euros por turista y estancia.
  • Por otra, en una potencia turística como España, hay 18,7 millones de españoles que no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, según la Encuesta de Condiciones de Vida que realiza el INE. Es decir, un 40 por ciento de los ciudadanos no pueden permitirse salir de vacaciones. Un dato que en el año 2013, afectaba al 48 por ciento de la población.
  • Y además, los jóvenes, entre 16 y 29 años, son los que sufren más esta situación. Un 46,4 por ciento de ellos no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. Cuando viajar, es una de las actividades fundamentales que deben realizar en un mundo tan cambiante e interrelacionado como el actual.

Esta realidad, que puede sorprender a muchas de las personas que no están afectadas, se produce en un país, donde el porcentaje de población en riesgo de pobreza sigue creciendo. Concretamente, se situó en el 22,3 por ciento de la población (con datos de ingresos de 2015), frente al 22,1 por ciento del año anterior (con datos de ingresos de 2014). Afectando especialmente a los menores de 16 años, donde están en esta situación el 28,9 por ciento.

Se produce en un país, donde el 15,3 por ciento de los hogares españoles llega a fin de mes con “mucha dificultad”. 1,6 puntos porcentuales más que el año anterior.

Se produce en un país, donde el 38,1 por ciento de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.

Se produce en un país, donde el 8,4 por ciento de los hogares tiene retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad,…)

La crisis ha convertido a España en uno de los países con mayor desigualdad de la UE. La tendencia actual, dibuja una sociedad dualizada, entre los que cada vez acumulan más dinero y los millones de españoles que están al borde de la exclusión. De las crisis se sale, el problema radica en cómo se sale, si con sociedades con mayor igualdad o con mayor desigualdad.

Alguien puede pensar que son muchos los datos que se están dando en este artículo. Ante semejante pensamiento, hay que afirmar que es necesario conocer la realidad para poder cambiarla. Para poder encaminar nuestras acciones, ya sean pequeñas o grandes, a hacer de España un país más justo. Un país, donde se crea riqueza y se distribuye entre toda la población en forma de unos salarios dignos y unos empleos de calidad, que hacen posible que el derecho al descanso y a una vacaciones es efectivo para todos.

Ante la importancia que el turismo tiene para España, es imprescindible ir hacia un turismo diversificado y sostenible, donde las necesidades de los turistas sean satisfechas y al mismo tiempo se proteja el entorno, ya sea urbano o rural, para crear nuevas oportunidades de futuro en estos lugares.

Una de esas oportunidades, vendrá también de posibilitar que los 18,7 millones de españoles que no pueden ir de vacaciones al menos una semana al año, lo puedan hacer. Será una cuestión de justicia, de bienestar, y también una oportunidad económica para el país que generará más crecimiento económico, desarrollo y empleo.

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