El sábado 17 de marzo la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) se manifiesta en Madrid en defensa de nuestro sistema público de pensiones, reivindicando su blindaje constitucional frente a las indisimuladas prédicas privatizadoras que, a modo de goteo permanente, calan en el imaginario colectivo como profecías autocumplidas. Ese mismo día también, Sociedad Civil Catalana sale a las calles de la capital para reivindicar la unidad de España y el proyecto de convivencia cimentado en nuestra ciudadanía compartida.
La primitiva reflexión binaria, genuinamente maniquea y no precisamente minoritaria en la política española, apuntaría la aparente incompatibilidad entre dos manifestaciones de cariz ideológico supuestamente diferente y génesis dispar. Sin embargo, Plataforma Ahora se desdoblará en las calles de Madrid para apoyar presencialmente ambas marchas y lo hará, lejos de pretendidas incongruencias programáticas, con total naturalidad. No podemos perder esta simpar ocasión para hacer pedagogía sobre la estrecha ligazón existente entre la unidad de nuestro país y las conquistas sociales que deben preservarse y ampliarse en el legítimo horizonte de construir sociedades más justas y dignas.
España no es ninguna quintaesencia, como machaconamente insisten sus burdos caricaturizadores habituales. Lejos de conformar ninguna unidad de destino, o apelar a la inquebrantable continuidad histórica con hagiografías pretéritas, España es la garantía institucional y territorial de nuestros derechos como ciudadanos. En ese sentido, garantizar su unidad no es un capricho retórico ni una querencia de índole sentimental. Resulta, por el contrario, una exigencia democrática. España, como espacio político compartido, pertenece al conjunto de los ciudadanos españoles; no es patrimonio privado de ninguna familia, élite, partido o persona concreta. En última instancia, el espacio político es lo más comunista que existe, como perfectamente recuerda Félix Ovejero: todo es de todos y nadie es dueño en particular de nada. Así, las ínfulas prusesistas, además de constituir un ejercicio prodigioso de arbitrariedad y vulneración de las leyes democráticas, encuentran su fundamento esencial en una lógica eminentemente antizquierdista y profundamente insolidaria. En realidad, la defensa de los privilegios anudados a la identidad halla una cálida acogida en posiciones conservadoras y aún mejor respaldo, lógicamente, en la sempiterna retórica supremacista del nacionalismo. La ruptura del Estado común y la inexorable privatización del espacio político que conlleva ha sido defendida con no menos vigor por teóricos neoliberales como Mises o Hans-Hermann Hoppe. Este último hizo proselitismo a favor de la secesión sin el menor rubor ni titubeo. Leámosle con atención: “ A diferencia de sus predecesores, que sólo trataron de sustituir un gobierno grande por uno pequeño, los nuevos liberales toman la lógica de la secesión a su extremo. Ofrecen secesión ilimitada, es decir, la proliferación sin restricción de territorios libres e independientes, hasta que el alcance de la jurisdicción del Estado se desvanezca. Para este fin -y en contraste con los proyectos estatistas como “Integración Europea”, ALCA, NAFTA, “Nuevo Orden Mundial”-, ellos promueven una visión de un mundo con decenas de miles de países, regiones y cantones libres, de cientos de miles de ciudades libres. O, para ser aún más libres, distritos y barrios completamente autónomos y económicamente integrados a través del libre comercio. Como se explicará más adelante, cuanto menor es el territorio, mayor es la presión económica para aceptar el libre comercio. (…) La secesión también promovería la integración monetaria y conduciría a la sustitución del actual sistema monetario basado en monedas fiduciarias nacionales -fluctuantes entre sí y que se devalúan todos los días- por un patrón monetario basado en un producto totalmente fuera del control de los gobiernos. En resumen, el mundo estaría formado por pequeños gobiernos liberales y estaría económicamente integrado a través del libre mercado y por una moneda internacional de materias primas como el oro. Sería un mundo de prosperidad, crecimiento económico y avances culturales sin precedentes. “
Como vemos, el neoliberalismo no es precisamente ajeno a los intereses que persiguen la absoluta fragmentación de los Estados y la atomización en pequeñas parcelas privadas del espacio político compartido. Todo ello conjugado con otras medidas de política-ficción, igualmente dantescas, que provocarían estragos en la vida real. Frente a la legítima aspiración por subsumir los actuales espacios políticos de los Estados-nación en espacios políticos más amplios, en los que la superación de fronteras se traduzca en la positiva ampliación de los espacios donde ejercer nuestros derechos de ciudadanía, el neoliberalismo más doctrinario no tiene el menor inconveniente en consentir o defender abiertamente la secesión, como preludio del estrechamiento de esos derechos de ciudadanía hasta culminar su adelgazamiento con la disolución de todas y cada una de sus atribuciones. Con la desaparición del espacio político compartido, también se diluirían los derechos y deberes aparejados a nuestra condición de ciudadanos, para terminar difuminándose, en última instancia, nuestra condición misma de ciudadanos. El sueño – o deberíamos decir quizás pesadilla – ya confesable del neoliberalismo es la de construir sociedades de meros individuos radicalmente atomizados, terreno fértil para los desequilibrios y los abusos, verdaderos paraísos del sálvese quien pueda.
Pero, ¿y la izquierda? La izquierda, frecuentemente desconcertada ante las espurias alianzas electorales que teje con los epígonos de la identidad, alianzas contra natura que terminan diluyendo, qué paradoja, su verdadera identidad ideológica, debe enfrentarse sin complejos a la ruptura de nuestro espacio político compartido – España, huelgan eufemismos – y debe ejercitar la necesaria pedagogía política de ligar esa defensa del espacio político a sus otras reivindicaciones. Porque el nexo causal entre la unidad del país y la defensa cerrada de nuestro Estado social es un nexo sólido, una certeza inquebrantable en un tiempo de dudas e interrogantes. Sin un Estado fuerte, ningún proyecto de justifica social y redistribución será otra cosa que una pura quimera. Si se revierten sus asimetrías y dinámicas austericidas, mañana deberemos escribir Europa donde hoy hablamos de España, puesto que no existe ninguna incompatibilidad entre la defensa del espacio político nacional y la continua búsqueda de la ampliación real y efectiva de la esfera de aplicación de nuestros derechos de ciudadanía.
La unidad del país es condición sine qua non para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones – y el resto de concreciones de nuestro Estado de bienestar – pero no es condición suficiente. La defensa de la unidad de nuestra ciudadanía no puede, por tanto, operar en el vacío como reivindicación exclusiva y totalizadora, sino que debe ir acompañada, necesariamente, de un discurso desacomplejado que desenmascare la segunda parte del axioma de Hoppe, arriba expuesto. No sólo nos corresponde denunciar el proyecto de privatización del espacio político, sino que es nuestra responsabilidad rebatir al mismo tiempo, una a una, las recetas que nos prescriben los fieles del vaciamiento social: puestos a privatizar – ésa es su tesis – la privatización del territorio político vendrá acompañada de las demás agresiones a lo público. No es nueva la pretensión de desmantelar nuestro sistema social, en todas sus vertientes. En el debate de las pensiones lo podemos observar con nitidez. Más allá de cualquier evidencia empírica, inexistente por cuanto las experiencias de los sistemas de capitalización implementados arrojaron un fracaso estrepitoso, la motivación ideológica que late tras la impugnación de todas las conquistas sociales es innegable. Demasiados intereses poderosos confluyen en esta cruzada contra cualquier espacio que garantice sociedades con menor brecha social y mayor dignidad colectiva, en los que la libertad no sea una mera cláusula retórica desprovista de toda concreción material.
El 17 de marzo en Madrid, Plataforma Ahora escapará de la hemiplejía moral y del miope código binario que se empeña en hacer incompatible lo que es, desde cualquier óptica racional, radicalmente congruente. Con la MERP y con SCC, sin exclusiones ni soluciones parciales e inútilmente excluyentes, seguiremos propugnando la necesidad de dar voz a una izquierda integral, que no se resigne a dar respuestas a algunos problemas, mientras guarda un sepulcral silencio ante otros que resultan inescindibles de los primeros. En una España balcanizada los avances sociales serían, indefectiblemente, una entelequia teórica impracticable; mientras que garantizar férreamente la unidad de España al tiempo que se permite su vaciamiento social denota un falso patriotismo de pulsera, completamente fútil e hipócrita. La cuestión nacional y la social constituyen dos caras de una misma moneda, precisamente ésa que desde la izquierda no debemos estar dispuestos a pagar, por más que poderosos intereses exijan puntualmente tan oneroso precio.
Ya existe una izquierda integra, la que no depende de las entidades bancarias, de la prensa convencional ni de los grupos de presión económicos. Parece ser que los pseudoizquierdosos quieren integrar la izquierda íntegra en su redil como hicieron con la llamada izquierda unida durante tanto inútiles años, inútiles para los más desfavorecidos del sistema no para los que se autoproclaman integradores y sus apoyos económicos.
totalmente de acuerdo, no dejemos que ocurra otra vez, sigamos libres e independientes. No se debe acordar nada con la pseudoizquierda que esta de acuerdo con la derecha, en modificar la carta magna, en derogar un parlamento y a un gobierno legitimo y votado en urna, en rescatar a la banca y olvidarse del pueblo y que se manifiesta con la derecha y con los resquicios del franquismo, por las calles de Barcelona. NO SE DEBE.