El 14 de diciembre de 2006 entró en funcionamiento la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD), más conocida como “ley de dependencia”. Han sido diez años de incumplimientos, moratorias, falta de financiación y conflictos de competencias.

El XVI dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales en su último informe de febrero de este año sigue señalando las carencias y defectos en la aplicación de la ley.

El dictamen contiene la información de la gestión del SAAD referida al ciclo político completo de la X Legislatura, es decir, del Gobierno presidido por Mariano Rajoy, durante el cual, tras las sucesivas moratorias aprobadas por el Gobierno del Partido Popular, se cerró el 1 de julio de 2015 con el reconocimiento de derecho a atención a todas las personas dependientes sea cual sea su Grado, culminación del calendario progresivo de implantación de la Ley 39/2006.

Creen los profesionales que ha llegado el momento de tomar alguna decisión basada en las evidencias de la gestión. O se invierte de manera decidida e inteligente o se admite que el Estado no es capaz de garantizar los derechos contenidos en una Ley; asunto este que no carece de gravedad aunque a veces parezca que la ciudadanía se haya resignado a que así fuera.

En España hay más de 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida. Un 2,5% de la población española no puede desarrollar las actividades básicas de la vida diaria sin apoyos de mayor o menor intensidad.

 

10 datos para la vergüenza

Aunque no están disponibles de manera pública y oficial todos los datos posibles en el apartado económico (en realidad nunca lo han estado), el análisis de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, resultado de dieciséis dictámenes, pone de manifiesto que la “ley de dependencia” que contempla “ el conjunto de servicios y prestaciones destinados a la promoción de la autonomía personal, así como a la protección y atención a las personas, a través de servicios públicos y privados concertados debidamente acreditados”, no se cumple.

A continuación, 10 datos para escarnio de nuestro sistema de dependencia pública:

  1. En este momento (tras nueve años de implantación de la LAPAD) un tercio de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia aun cuando tiene pleno derecho a las mismas.
  2. De las 384.326 personas desatendidas, un 27% son dependientes con grado III (37.764) o con Grado II (68.509).
  3. Las medidas adoptadas por el último Gobierno frenaron en seco el desarrollo del sistema entre 2011 y principios de 2015. A ello contribuyó decisivamente el Real Decreto ley 20/2013 de 13 de julio cuyo impacto es aún vigente.
  4. Se mantienen las gravísimas desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Es previsible que haya algunas Comunidades Autónomas que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica.
  5. El Gobierno ha incumplido la Disposición Final séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, como posibilidad para transferir los asuntos judicializados al orden de lo Social. Las personas dependientes y de sus familias se ven abocadas a reclamar sus derechos en procedimientos contenciosos-administrativos lentos, costosos, farragosos y nada garantistas.
  6. En los últimos cuatro años, con una estimación conservadora, el número de personas dependientes fallecidas sin llegar a recibir prestaciones o servicios superó las 125.000. Estas personas, es evidente, no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de recibir atenciones.
  7. Sigue sin evaluarse el impacto negativo de género que puede estar teniendo la feminización de los cuidados en la medida en que estos no son resultado de una libre elección, han perdido el apoyo que conllevaban las cotizaciones a la seguridad social y se han convertido en una imposición social y económica.
  8. El gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%) debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del Nivel Mínimo. La Administración General del Estado aporta el 22,6% del gasto público y las comunidades autónomas el 77,4% restante.
  9. El recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende a 2.865 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares. El quebranto para las comunidades autónomas por los recortes en su financiación, a pesar de la rebaja de sus costes, supera los 900 millones de euros desde 2012 a finales de 2015.
  10. Si se atendiera ya a las 384.000 personas en espera –cumpliendo así con la Ley- se generarían más de 90.000 empleos directos ex-novo, y con un incremento del gasto público de 1.631 millones de euros/año (2.643 M€/año de los que se recuperarían 1.012 M€/año). Todo ello sin considerar que el modelo puede mejorarse aún mucho en coste, eficiencia y sin calcular los retornos inducidos.

 

Nueve años, seis ministros, y no siempre un mismo afán

En tan solo nueve años, seis han sido las personas que han soportado el peso de una cartera ministerial que debía atender a cerca de 1.300.000 personas dependientes en España: Caldera, Cabrera, Jiménez, Pajín, Mato y Alonso. En esos nueve años, cerca de tres millones de personas que se acercaron al sistema (muchas ya no están) han soportado –para bien y para mal- el peso de sus decisiones.

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